La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo colectivo con el objetivo de que General Pueyrredon mantenga las condiciones tarifarias de Zona Fría.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Mar del Plata tras la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.828, que estableció cambios en el régimen. 

Se dirige contra tres actores: el Estado nacional (Ministerio de Economía y Secretaría de Energía), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

Plantea la necesidad de una medida cautelar urgente que frene la quita del subsidio. “Solicitamos que se ordene mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría, frenando de inmediato la aplicación de los filtros del sistema SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) para los usuarios de nuestra región”, explicaron en el organismo.

También solicitó que se prohíba al ente regulador homologar cualquier cuadro tarifario nuevo sin que se realice previamente una audiencia pública.

En cuanto a la cuestión de fondo, la Defensoría busca que se declare inconstitucional la ley 27.828 porque “rompe el principio de igualdad”. Argumentó que “obliga a los marplatenses a cumplir requisitos patrimoniales estrictos para mantener el beneficio, mientras que a la Patagonia se lo otorga de manera automática y sin condiciones, a pesar de compartir la misma clasificación climática”.

También rechaza los indicadores de exclusión de la Disposición 2/2026, es decir, aspectos que dejan afuera de los subsidios focalizados a aquellas familias que poseen “un auto de menos de tres años o suman tres inmuebles, que legalmente puede ser un departamento junto a su cochera y su baulera, sin importar si los ingresos reales son bajos”.

En ese marco, la Defensoría solicitó la inconstitucionalidad “del mecanismo que permite trasladar automáticamente el costo de adquisición del gas a la factura, suprimiendo la participación ciudadana obligatoria”.