La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Mar del Plata participó de la audiencia pública convocada en el Concejo Deliberante para abordar el conflicto que involucra la oferta sexual callejera y distintas situaciones que se desprenden de la actividad y remarcaron que  no todas las situaciones de inseguridad denunciadas se vinculan con las mujeres y travestis en prostitución.

Así fue presentada la situación desde el espacio interinstitucional: como un conflicto sobre el cual puede haber dos abordajes distintos. Por un lado hablaron de la regularización de situaciones de explotación sexual y prostitución a través de la demarcación de una “zona roja”.

Al respecto, consideraron que “abre la puerta a la criminalización de quienes decidan no ubicarse allí” por lo que consideran que debe abordarse el tema de una manera integral a los derechos vulnerados de las mujeres y travestis desocupadas en situación de prostitución.

“Todo lo que se dice alrededor no podemos desatenderlo: se habla de un problema de seguridad y de narcocriminalidad, una cuestión evidente en atención a las condenas alcanzadas tanto en la Justicia Federal como provincial, pero ante ello se plantea como solución la regulación de la prostitución callejera, lo que nos habla de una incongruencia”, expresaron.

“La violencia, los abusos de poder, las multas y/o el encarcelamiento son una opción, pero que desatiende el conflicto de fondo: la realidad de esas mujeres y esas travestis, distintas entre sí, pero que se encuentran bajo un mismo sometimiento sexual por parte de varones, empujadas a la prostitución, en la mayoría de las veces, como único sustento de vida, o porque tienen un novio que es su proxeneta, y tantas otras realidades que se encuentran en las esquinas”, explicaron desde la Mesa contra la Trata.

“Los altos índices de trabajo en negro sumados a las elevadas tasas de pobreza, indigencia y desocupación, las maternidades en solitario, las migraciones y las expulsiones tempranas del hogar, la dependencia de drogas, el analfabetismo, la falta de posibilidades de educación y proyecciones de vida se conjugan para dar a la prostitución la ventaja de la subsistencia. Esto, bajo ningún punto de vista, puede ser regulado por el Estado ni generar mecanismos de castigo para una población ya de por sí vulnerada en sus derechos”, contemplaron desde el espacio a través de la lectura de un documento, a cargo de la profesora Alejandra Martínez, integrante de la Mesa y diputada mandato cumplido.

Ante el conflicto, se propuso un abordaje integral: el acercamiento al territorio de las agencias sociales del Municipio, la Provincia y la Nación, con la intención de conocer primero las problemáticas que atraviesan las personas en prostitución, para luego poder acercar alternativas como la regularización de la documentación, una ayuda económica, mejoras habitacionales, capacitaciones, formación pre laboral y ocupacional acorde a conocimientos e intereses recabados, alfabetización, informática básica, búsqueda activa de empleo, entre otras.

En lo que refiere en concreto a la población travesti-trans, desde la Mesa se señaló que debe darse cumplimiento al cupo laboral; pero también marcaron la importancia de avanzar en cupos laborales específicos, hasta que la inclusión sea real. Frente a cuestiones delictivas, marcaron la necesidad de que la Justicia avance en investigaciones, conforme se viene desarrollando.

“Las acciones a desarrollar, que privilegien cupos laborales para sacar a las víctimas de la calle –aquellas que no están ahí porque les gusta, sino porque son explotadas en su miseria-, entendemos que deben darse con la participación activa de vecinas y vecinos, con el objetivo final de recuperar los espacios públicos para todos y para todas”, concluyó Martínez.