BUENOS AIRES.- Unos 300 uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Prefectura Naval reiniciarán este lunes los rastrillajes en el río Chubut en busca de alguna pista sobre Santiago Maldonado, el joven desaparecido desde el 1 de agosto.

Mientras tanto, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, a cargo de la investigación, espera para esta semana los resultados de los estudios de ADN que se hicieron sobre los pelos y huellas que se levantaron en vehículos y dependencias de Gendarmería Nacional, para saber si allí pudo haber estado el artesano de 27 años.

Los peritajes deben ser enviados por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, indicaron voceros judiciales.

La causa se centra en el rol que tuvieron los gendarmes que actuaron en el operativo, pero hasta ahora ni la fiscal Silvina Ávila ni el juez han identificado puntualmente algún sospechoso para citarlo a indagatoria por el hecho.
Por lo pronto, en las próximas horas serán citados a declarar dos miembros de la comunidad mapuche RAM, porque fueron mencionados por otros testimonios en la causa.

La investigación busca reconstruir a través de pruebas ciertas lo que pasó el 1 de agosto sobre la ruta 40, en Esquel, cuando la Gendarmería intentó desalojar una protesta.

En Esquel hay dos causas judiciales: una es la que está delegada en manos de la fiscal, caratulada como desaparición forzada de persona; y la otra es un habeas corpus en donde -según publicó el diario La Nación- serían citados a partir del martes próximo a testimoniar unos 40 gendarmes.

Se busca que los efectivos expliquen cada una de sus posiciones durante el ingreso de la fuerza a la comunidad de Lof Cushamen y detallen cómo se movieron a la vera del río Chubut, hacia donde los mapuches huyeron cuando avanzó la Gendarmería.

En el Ministerio de Seguridad ya interrogaron a los 72 gendarmes, en el marco de una investigación interna e informal.

El segundo jefe del Escuadrón de Esquel, Juan Pablo Escola, que estuvo a cargo del operativo, aseguró que “no tienen nada que ocultar”, que todo lo que se hizo fue “dentro del marco de la ley” y que desconoce qué sucedió con Maldonado.

Escola sostuvo que frenaron la filmación del procedimiento cuando el gendarme que grababa recibió un piedrazo y aclaró que él no bajó hasta el río, pero insistió en que no hubo contacto físico con los manifestantes “por la gran cantidad de piedras que lanzaban y que llevaban en los morrales, y luego porque ellos necesitaban tomar distancia para lanzarlas con sus hondas”.

“Las postas de goma tiene un alcance no mayor a 15 metros y nosotros estuvimos a por lo menos el doble de distancia. Si algo hubiera pasado, yo lo sabría. Soy jefe pero no encubro delitos. Nosotros vamos a cara descubierta con el nombre estampado en el pecho y esta gente está encapuchada, ex extremadamente agresiva y si bien eran pocos el diámetro de las piedras arrojadas a mucha velocidad fue muy importante”, señaló en una entrevista publicada por el diario La Nación.

Por eso añadió: “Hubo interrupción de una ruta, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones con triple fractura de pómulo en uno, y fractura e hundimiento de cráneo en otro; nuestro deber era actuar, si no lo hacíamos, nos procesan”.