La Inteligencia Artificial (IA) se mete en todos lados. Hace tiempo dejó de ser asunto del futuro, y hoy está en casi todas las áreas de trabajo y estudio, desde la medicina hasta el arte. Incluso en el mundo del Derecho se usa en procesos judiciales, administrativos y comerciales, aunque sin el andamiaje legal suficiente y con un dilema ético que genera contradicciones.

Ezequiel Brunner es marplatense, estudia abogacía y recientemente fue distinguido por la Universidad Argentina John F. Kennedy por el contenido de su ponencia titulada “Inteligencia Artificial y Derecho: Innovación y Retos Éticos en la Legislación Tecnológica” que, en parte, anticipó el debate sobre el uso de la IA en el ámbito legal.

A modo de reconocimiento, su trabajo quedó seleccionado y fue publicado en el Anuario Oficial 2024 de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el marco del 60° aniversario de la institución.

Su trabajo fue presentado en noviembre del año pasado durante el II Congreso Estudiantil de Práctica Profesional y Actualidad Jurídica, y en él abordó “los desafíos jurídicos y éticos” que plantea el uso de algoritmos en decisiones administrativas, judiciales y predictivas.

El estudiante advirtió en aquel entonces sobre la “falta de transparencia” en los sistemas automatizados, la ausencia de regulación específica y “la necesidad urgente de marcos normativos” que “garanticen trazabilidad, revisión humana obligatoria y responsabilidad jurídica”.

Su trabajo cobró mayor valor pocos meses después. En abril de 2025, el fallo del caso Etcheverry c/ PredecirIA S.A. puso en evidencia “la indefensión de los ciudadanos” frente a decisiones automatizadas sin explicación técnica comprensible.

Luego, el Congreso de la Nación presentó el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Algorítmica, cuyos principios rectores, “transparencia, supervisión humana y auditoría de sistemas”, coinciden con los postulados de la ponencia del estudiante marplatense.

Y además, en mayo de 2025, la Organización de las Naciones Unidas publicó su Guía Ética Global para la Inteligencia Artificial, que también contempla algunas de las advertencias que formuló en ese entonces el alumno.

Consultado por LA CAPITAL sobre su motivación para investigar la relación entre la IA y el derecho, Brunner señaló que la propuesta surgió a partir del Congreso Estudiantil, pero “lo que verdaderamente me movilizó fue el desafío de abordar una problemática que ya no es futura, sino presente“, aclaró.

“La Inteligencia Artificial está siendo incorporada a procesos judiciales, administrativos y comerciales sin el andamiaje legal suficiente. Como estudiante, percibí una desconexión peligrosa entre el avance tecnológico y el marco jurídico que debería contenerlo. Mi motivación fue cerrar esa brecha desde una mirada jurídica crítica pero constructiva”, analizó.

“Cuando los algoritmos deciden sin explicar, el Derecho se convierte en una promesa vacía”, señaló el autor en su ponencia y, en diálogo con este medio, detalló que su trabajo identifica “tres ejes críticos”: primero, la “falta de explicabilidad de los algoritmos” (lo que se conoce como la “caja negra” de la IA); luego, la “ambigüedad en la asignación de responsabilidades jurídicas cuando los sistemas automatizados fallan”; y finalmente “la opacidad en el proceso de toma de decisiones algorítmicas”, que puede derivar “en sesgos o afectaciones” a derechos fundamentales”.

En cuanto a las medidas que, a su criterio, podrían aplicarse para que el derecho no se “vacíe” debido al uso de la IA, el estudiante propuso que el Derecho “incorpore principios de trazabilidad, revisión humana obligatoria y transparencia algorítmica”, pero aclaró que “no se trata de frenar la innovación, sino de regularla con inteligencia normativa, para que la IA esté al servicio de la justicia a y no por encima de ella”.

Brunner, que además trabaja como gerente gastronómico, se mostró honrado de haber recibido este reconocimiento que lo “reafirma en un camino que no es solamente académico, sino también práctico”, con perspectiva a futuro, ya que “la intersección entre tecnología, ética y justicia no es una tendencia: es un campo que va a definir los próximos 20 años del Derecho”.