El Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa.

La iniciativa impulsada por la oposición, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 6 de agosto, fue aprobada por el Senado por 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones.

La ley aprobada establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la inversión en universidades nacionales cayó en 2024 un 22,1 % y se proyecta un retroceso adicional del 8,6 % para 2025 en términos reales.

Según el estudio, en el escenario del severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno del ultraderechista Milei, el presupuesto universitario ha caído hasta representar este año un 0,5 % del PIB, su menor valor desde 2005, cuando tocó el 0,49 % del PIB.

El pasado 13 de agosto, el Gobierno de Milei anunció un alza del 7,5 % en los salarios de las universidades públicas entre septiembre y noviembre.

El incremento, rechazado por los sindicatos del sector, no llega a compensar la caída real acumulada por los salarios universitarios desde finales de 2023, cuando Milei llegó a la Presidencia, y que, según cálculos del Ciicti y la Fedun, es del 28,6 %.

En 2024, el Parlamento aprobó una ley que aumentaba la financiación universitaria, pero Milei la vetó al considerar que atentaba contra su objetivo de superávit fiscal y se espera que haga lo mismo con la norma aprobada este jueves.

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Alfredo de Angeli (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa).

Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).

También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

El debate

El debate por el proyecto arrancó cerca de las 18, luego de que el cuerpo legislativo rechazara decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictados por Milei y los dejara sin efecto, ya que corrieron la misma suerte en la Cámara de Diputados.

Para la senadora Alejandra Vigo la universidad pública “argentina es parte” de la “propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro”. “Acompañamos este proyecto como parte de una estrategia mayor y garantizando que nunca más se discuta la educación en términos de ajuste”, destacó.

El radical Martín Lousteau afirmó que no “hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto la “vida” de una familia “como la educación universitaria”. “Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas”, agregó.

A pesar de votar a favor, el senador Juan Carlos Romero, de buen vínculo con el oficialismo, dijo que el proyecto “está sesgado, en medio de una campaña electoral” y consideró que fue un “problema que se podría resolver o con un presupuesto o con una paritaria”.

Maximiliano Abad, de la UCR, subrayó: “Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”.

El senador del kirchnerismo Daniel Bensusán expresó: “De qué manera se va a desarrollar un país si no hay profesionales que a través de su actividad desarrollen las economías regionales, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología. Las universidades tienen un rol trascendental”.

Mientras que el cierre estuvo a cargo del jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, quien fustigó contra el proyecto no solo por cuestiones presupuestarias, sino también cargó contra las universidades y una supuesta baja en las tasas de egresados.

“Los argentinos no estamos dispuestos a pagarles las fiestas a las universidades. Eso tiene que ver con el mal manejo de los fondos públicos”, señaló. “La verdadera intención del kirchnerismo es romper el déficit y el crecimiento de la Argentina. No vamos a aceptar un presupuesto deficitario”, redondeó Atauche.