La Fiscalía de Ejecución Penal se había opuesto a que Sergio Antonio Lucero, condenado a 9 años por violar a quien era su pareja, accediera al beneficio de la libertad asistida, al considerarlo “muy conflictivo” y con “dificultades en la regulación de sus impulsos”. El Juzgado de  Ejecución N° 2 de todas maneras le concedió el beneficio en septiembre y menos de dos meses después, fue detenido, acusado de haber abusado sexualmente a una feriante de Plaza Rocha. 

En septiembre, durante una audiencia ante el Juan Sebastián Galarreta, desde la fiscalía advirtieron que no estaban las condiciones para darle la libertad asistida a Lucero, pero pese a esa advertencia, el juez declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 100 de la ley 24.660 y firmó su liberación.

Dos meses después, Lucero fue detenido nuevamente, acusado de violar a una mujer que conoció en Plaza Rocha.

El 2 de septiembre de este año, la defensa de Lucero solicitó su incorporación al régimen de libertad asistida, argumentando que el interno había cumplido el requisito temporal, había realizado cursos y se encontraba en condiciones de salir de la Unidad Penal 15 de Batán.

El beneficio, previsto por la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), permite que los condenados que hayan cumplido una parte de la pena y demostrado buena conducta puedan salir bajo estrictas condiciones de control.

Durante la audiencia, el juez Galarreta escuchó a las partes y sostuvo que debía primar el principio de progresividad de la pena. “El encausado cumple con los requisitos exigidos”, señaló antes de dictar la resolución que lo dejó en libertad.

La Fiscalía de Ejecución se opuso expresamente al pedido de la defensa. En su intervención, el representante del Ministerio Público explicó que el artículo 100 de la ley no habilitaba la libertad asistida en ese caso y que, además, el detenido presentaba un comportamiento problemático dentro del penal.

“Es muy conflictivo, lo que incide en el concepto de vida institucional. Posee dificultades en la regulación de sus impulsos”, sostuvo el fiscal durante la audiencia, y pidió que se mantuviera el criterio de denegatoria establecido en informes previos del servicio penitenciario.

Sin embargo, el juez consideró que el artículo debía interpretarse de forma más amplia y declaró su inconstitucionalidad parcial, habilitando el beneficio. En su resolución ordenó una serie de condiciones: fijar domicilio en Brown al 8800, iniciar tratamientos psicológicos y por adicciones, no acercarse a menores ni a familiares de la víctima, y abstenerse de consumir alcohol o drogas.

El documento fue firmado y notificado ese mismo día, y la libertad se hizo efectiva desde la Unidad Penal 15.

El fallo que lo dejó salir

El texto de la resolución —al que accedió LA CAPITAL— dispuso que Lucero quedara bajo el control del Patronato de Liberados, con la obligación de presentarse semanalmente y procurar trabajo o capacitación.

El magistrado sostuvo que debía prevalecer el principio de igualdad ante la ley y el de progresividad de la pena, que permiten avanzar hacia la reinserción social siempre que se cumplan los plazos y condiciones básicas.

La decisión fue notificada a la Fiscalía, que dejó sentada su oposición en el acta de la audiencia.

El 29 de octubre, tras conocerse la nueva denuncia por violación y la detención de Lucero, la Fiscalía pidió que se elevara de manera urgente el expediente a la Cámara de Apelaciones y Garantías, en el marco de una revisión ya dispuesta el 12 de septiembre.

El caso enciende el debate sobre el control judicial de las libertades asistidas y los criterios con los que se conceden los beneficios a condenados por delitos sexuales, especialmente en contextos donde la propia Fiscalía advierte sobre el riesgo de reincidencia.

Un abuso aberrante

El hecho ocurrió el miércoles 22 de octubre por la noche en una casa de Almirante Brown al 8800, el domicilio que Lucero debía fijar para recibir el beneficio de la libertad asistida.  Según pudo saber LA CAPITAL, el exconvicto había conocido a la víctima en la feria de Plaza Rocha, a la que ambos asistían para atender distintos puestos.

Conforme los datos obtenidos, ambos acordaron encontrarse en la vivienda del hombre. La mujer desconocía entonces que éste había salido de la cárcel tras cumplir una condena a 9 años de prisión por abuso sexual.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el agresor comenzó a preparar la cena mientras le convidó a la víctima con una bebida alcohólica. Entonces, según su testimonio posterior, ella se descompuso y sufrió mareos. Luego, se descompensó.

Cuando recobró la conciencia, explicó la mujer, el hombre la había violado salvajamente. Después del ataque cometido en su vivienda, el hombre llevó a la damnificada a la casa de su hermana.

Desde ahí, el agresor trasladó al otro día a la víctima a su casa de Rosales al 6000, donde volvió a violarla y después la dejó para volverse a su vez a la suya. Cuando se recuperó parcialmente, la mujer pidió ayuda y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde hizo la denuncia formal ante el destacamento allí ubicado.

La víctima continúa internada en observación. Mientras tanto, personal policial de la Comisaría de la Mujer y la Familia y de la comisaría decimosegunda inició una investigación y allanó la casa del acusado sobre el final de la semana pasada: no lo encontró pero secuestró allí un teléfono celular. Los días pasaron y la instrucción continuó hasta que este miércoles a la tarde los efectivos pudieron dar con su paradero y lograron detenerlo.

Lucero quedó detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán a disposición del fiscal Carlos Russo, ante quien se negó a declarar este jueves en Tribunales por sugerencia de su defensor.