Una pareja de presos, y otras tres personas, irán a juicio acusados de cometer fraudes al utilizar tarjetas de créditos robadas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires para comprar productos en Mar del Plata y luego revenderlos por redes sociales.

Luego de una compleja investigación, desde la Fiscalía N° 17, a cargo de Javier Pizzo, solicitaron que tres hombres y dos mujeres fueran a juicio por los delitos de defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito (artículo 173, inciso 15, del Código Penal), cometida en concurso real por la reiteración de hechos y con distintos grados de participación.

Entre los acusados se encuentran un hombre y una mujer que tienen una relación sentimental y que ambos estaban detenidos en la cárcel al momentos de los hechos: el hombre en la Unidad Penal 15, con condenas por distintos episodios de robo doblemente agravado y la mujer, en la Unidad Penal 50, por comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, la pareja de presos era la cabecilla de una banda que se dedicaba a utilizar tarjetas de créditos robadas en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires para realizar compras.

Si bien estaban privados de la libertad, habrían dirigido las maniobras delictivas utilizando teléfonos celulares que operaban desde prisión. Coordinaban compras fraudulentas, elegían los productos y contactaban a quienes realizaban los retiros. Además, daban instrucciones a los demás miembros sobre cómo actuar y repartían las ganancias.

Un tercer imputado, en libertad, se ocupaba de la logística de transporte. Su función era contratar o realizar personalmente los traslados de los productos desde los comercios hasta los domicilios designados por los organizadores.

Dos mujeres (una de ellas pareja de uno de los organizadores) se dedicaban a publicar y ofrecer los productos en redes sociales, principalmente Facebook Marketplace.

Publicaban colchones, sommiers y juguetes eléctricos nuevos a precios muy por debajo del mercado, lo que despertó sospechas. Al concretarse una venta, entregaban los productos y luego informaban al resto del grupo, recibiendo una comisión.

De acuerdo con la acusación, ambas eran plenamente conscientes del origen ilícito de la mercadería, ya que mantenían comunicación frecuente con los organizadores, incluso mientras estos estaban presos.

Fraudes desde la cárcel

Entre los días 12 y 13 de septiembre de 2022, los imputados habrían utilizado datos de tarjetas de crédito de distintos titulares sin su autorización para comprar productos (principalmente autos eléctricos para niños, colchones y sommiers). Estas compras fueron realizadas a través de plataformas digitales y abonadas mediante sistemas de pago electrónico y si bien algunas operaciones fueron inicialmente aprobadas, luego fueron canceladas al detectarse el fraude.

Los productos eran retirados por un fletero contratado por el grupo y trasladados a distintos domicilios indicados por los autores. Posteriormente, los bienes eran ofrecidos a la venta a través de redes sociales, principalmente Facebook, por otras personas involucradas, quienes recibían comisiones por las ventas.

Para los investigadores, tanto el fletero como las personas encargadas de vender los productos debían haber advertido la naturaleza irregular de las operaciones, ya que realizaban varios traslados a distintos domicilios y con destinatarios que no coincidían con los titulares de las compras.

En la causa, las escuchas telefónicas registran conversaciones en las que discuten precios, métodos de cobro y formas de ocultar el origen ilícito de los productos.

La investigación de estos delitos tiene la complejidad de que se usan celulares prepagos, que son sacados por los estafadores con el documento de cualquier persona. Es decir, que el titular de la línea no es quien realmente la usa.

Gracias a la geolocalización de las antenas, se pudo establecer que el impacto de las líneas utilizadas daba en Batán, precisamente en las unidades penitenciarios 15 y 50.  De esta manera, desde la fiscalía solicitaron a la Justicia de Garantías que se intervinieran los teléfonos, para así poder desentrañar cómo operaba la banda desde la cárcel, cómo eran las relaciones entre las personas y el contacto con el afuera.

Con esta información y las pruebas recolectadas, se hicieron allanamientos en el penal, y se secuestraron celulares y otros elementos utilizados luego como pruebas contra los acusados de los fraudes.

Uso de celulares en las cárceles bonaerenses

El uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires nació como una medida excepcional durante la pandemia de Covid-19. En 2020, a partir de decisiones del Tribunal de Casación Penal y de un protocolo del Servicio Penitenciario Bonaerense, se autorizó a las personas privadas de la libertad a utilizar líneas móviles registradas para mantener el contacto con sus familias en un contexto de visitas suspendidas. La consigna formal era clara: aparatos identificados, uso limitado a los sectores de alojamiento y posibilidad de secuestro ante cualquier utilización indebida.

Con el fin de las restricciones sanitarias, esa habilitación excepcional se transformó en una práctica extendida que hoy se sostiene sin una nueva regulación integral, en una zona gris entre la necesidad de comunicación, las recomendaciones de organismos de derechos humanos y la discrecionalidad del régimen penitenciario. Diversos informes y trabajos académicos destacan que el acceso controlado a celulares contribuyó a reducir la tensión intramuros, mejorar los vínculos familiares y facilitar el contacto con defensores, organismos de control y propuestas educativas, con impacto positivo en la conflictividad cotidiana dentro de las unidades.

El acceso a teléfonos móviles dentro de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires generó un fuerte debate político. Para el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los celulares en cárceles implican una puerta abierta a estafas, extorsiones y delitos organizados desde el encierro. Desde ese enfoque, reclaman un modelo de “cero celulares”, como el que se jactan de tener en el régimen federal, para impedir que los internos “sigan robando desde la prisión”.

Desde la gestión del intendente Guillermo Montenegro se habían mostrado contra el uso de celulares por parte de los presos, y consideraron que “la cárcel no es un hotel de vacaciones, es un lugar donde cumplen una pena por un delito que cometieron y esa pena implica restricciones severas a la libertad”.

El debate ya no pasa por si debe haber teléfonos o no, sino por cómo regularlos: si avanzar hacia sistemas más estrictos de registro y supervisión tecnológica o si restringir nuevamente un derecho que, bien aplicado, mostró capacidad para humanizar el encierro y bajar la temperatura dentro de los muros de las cárceles bonaerenses.