Los incidentes registrados en la Escuela N° 21, surgidos tras la denuncia penal contra un nene de 10 años por el presunto tocamiento de dos alumnas de 7 años, no constituyen un episodio aislado sino que exponen con crudeza cómo el crecimiento de la violencia social irrumpe en las aulas ante la ausencia de una respuesta estatal capaz de prevenir, contener y actuar frente a conflictos que se profundizan día a día.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil advierten un incremento de causas en las que los acusados son cada vez más jóvenes. En las comisarías se reciben denuncias formales contra nenes de entre 5 y 10 años (aun cuando luego deban archivarse por tratarse de menores inimputables) por agresiones o tocamientos, tal como ocurrió en la Escuela N° 21. Se trata de un fenómeno que, según el fuero, crece año a año.

Según explicaron fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL, “el sistema educativo tiene mal enfocada la parte disciplinaria”, sin respuestas ante situaciones en las que un chico rompe algo, comete una agresión o un supuesto abuso. “Mandar a ‘reflexionar’ a un nene así es estar desfasado”, advirtieron.

“En los colegios los problemas se suscitan, siguen en la calle, en reuniones y terminan generando un montón de denuncias”, explicó el fiscal Walter Martínez Soto, y agregó: “Como los padres no encuentran respuestas institucionales, hacen la denuncia penal y ahí intervenimos con informes sociales y psicológicos. Pero eso tampoco satisface a los padres”.

El fiscal señaló además que muchas familias derivan en la mal llamada “justicia por mano propia”, es decir, el linchamiento. “Esto psicológicamente es una catarsis, pero es una liberación de energía en otra dirección violenta”, remarcó.

Las cuatro fiscalías del fuero trabajan con un criterio común: ante hechos que involucran a niños investigan si ese comportamiento no es una copia de algo que están viviendo o viendo. “La agresión puede ser innata, aprendida o copiada. Por eso se chequea mediante entrevistas sociales y psicológicas”, explicaron.

Una vez que se confirma que no hay un adulto que intervenga en el hecho, la causa se archiva y pasa al Poder Ejecutivo. Pero esa derivación no siempre se traduce en intervención efectiva por la falta de equipos estatales para sostener el seguimiento.

Convivencia y ausencia de reglas

Para el fiscal Martínez Soto, los colegios están desprovistos de normas claras de convivencia. “Los maestros han perdido la autoridad en un sistema que no refleja la realidad, diseñado por personas que están movidas por la ideología. Tiene que haber reglas claras, al menos de convivencia”, afirmó.

“No hay respuesta del sistema educativo porque no las tiene ni las puede dar. Y aquel que intenta ser más estricto no puede hacerlo. Por eso se recurre a la Policía o al Poder Judicial”, sostuvo.

El reclamo de una mayor disciplina es un inicio para que desde el sistema educativo puedan tomarse otras medidas sin recurrir a las denuncias en comisarías, ya que penalmente nada se puede hacer con niños y niñas inimputables (es decir, menores de 16 años).

Sin embargo, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil interviene como un paliativo, para cubrir un hueco del Estado, y las fiscalías inician causas para escuchar a los padres de las víctimas, aun sabiendo que serán archivadas sin dar respuesta alguna. Ese “hueco”, plantean en el fuero, es la ausencia de intervenciones preventivas y sostenidas.

Sin respuestas

Desde la Municipalidad optaron por no brindar ninguna respuesta ante las consultas realizadas por LA CAPITAL sobre los protocolos de actuación de las áreas de Asistencia a la Víctima y Niñez. La falta de precisión institucional se produce en un contexto donde los especialistas coinciden en que los episodios escolares reflejan un deterioro social sostenido que excede a cada establecimiento educativo.

De acuerdo con fuentes vinculadas al trabajo territorial de asistencia, la violencia en las escuelas no es nueva, pero sí lo es la masividad con la que hoy se manifiesta, impulsada por un tejido social “muy quebrado” en el que los conflictos estallan en cualquier ámbito: el hogar, el trabajo, la calle o el aula.

En este caso puntual, fuentes vinculadas a los equipos de asistencia explican que tras el episodio se comunicó con el área de Niñez cuando el hecho ya había ocurrido, a pesar de que existen equipos para abordar situaciones conflictivas.

Las fuentes sostienen que debió intervenir un equipo de contención de manera inmediata, tanto para acompañar a los familiares como para orientar un camino de búsqueda de justicia y protección. “Niñez debió haber intervenido de inmediato con los tres niños, dadas sus edades y los relatos”, señalan, y remarcan que la problemática intrafamiliar no fue abordada en tiempo y forma.

A pesar de la gravedad del escenario, desde el Estado se sostiene la necesidad de garantizar la inclusión escolar y evitar la desvinculación. Sin embargo, especialistas se preguntan “¿a qué costo y con qué recursos?”, cuando las instituciones no cuentan con herramientas suficientes para contener situaciones complejas de este tipo que se multiplican.

En el ámbito municipal existen áreas especializadas desde hace más de una década, como Asistencia a Víctimas, que cuentan con psicólogos, asistentes sociales, abogados y operadores capacitados para intervenir en casos de homicidios, robos, incendios o accidentes. Se trata de escenarios sumamente traumáticos que, sin embargo, no suelen trascender públicamente porque los equipos trabajan de forma directa con las víctimas, contienen y acompañan sin exposición mediática.

Ese mismo modelo de abordaje, afirman, debería replicarse en Niñez, dado que “las escuelas carecen de herramientas para detectar a tiempo señales de alarma en las familias o en los propios niños, como situaciones de violencia intrafamiliar o entornos de alta conflictividad”.

Para quienes trabajan a diario en territorio, el aumento de la violencia social crea un “contexto que habilita todo”, donde los chicos quedan atrapados entre conflictos de adultos, discursos políticos agresivos y tensiones que los superan.

Los incidentes en la Escuela N° 21 son un ejemplo extremo de esto: la escuela no logró contener la situación y quedó sin capacidad de respuesta, mientras la violencia —según reconstruyen los especialistas— escaló de manera demencial.

Los especialistas coinciden en que es necesario fortalecer y empoderar a las instituciones educativas con equipos profesionales permanentes, capaces de intervenir ante una violencia que no deja de crecer. La prioridad, señalan, debe ser reconstruir el tejido social y pensar en el bien común por encima de las reacciones individuales.

Menores inimputables

En Argentina, un joven es punible al cumplir los 16 años, lo que no significa que sea 100% impune de todo lo que haga antes de esa edad. El Estado, con el Poder Ejecutivo, tiene una serie de mecanismos para contener a menores en conflictos con la ley penal, resociabilizarlos y educarlos para que no cometan más delitos.

Un fiscal de menores puede solicitar una medida de seguridad, para que jóvenes inimputables estén detenidos mientras un equipo interdisciplinario realiza evaluaciones para trazar un plan de abordaje, del que luego se hará cargo el Poder Ejecutivo, sea con la Secretaría de la Niñez a nivel municipal o el Servicio Zonal a nivel provincial.

Ante un reclamo de distintos sectores de bajar la ley de inimputabilidad, la respuesta podría ser la de prestar mayor atención a las “alertas” que el menor puede dar en las escuelas, los barrios y la familia, para que el Estado pueda actuar y participar activamente.