La grave preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina fue el eje de la audiencia temática celebrada el miércoles pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Miami.

El encuentro, solicitado de manera conjunta por FOPEA, el CELS y organizaciones de la sociedad civil, expuso un diagnóstico crítico sobre las condiciones actuales para el ejercicio del periodismo en el país.

En esta instancia histórica, la Cátedra de Derecho y Políticas de Comunicación de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de Alberto Rodríguez, junto al equipo docente integrado por los abogados Marcelo Galaverna y Laura Ricardes, participó de manera excepcional: todos los estudiantes siguieron la audiencia completa por vía virtual como parte de su formación académica, vivenciando en tiempo real procesos y contenidos que se trabajan a lo largo del curso.

Se trató de una experiencia pedagógica inédita para estudiantes de periodismo en el país, ya que pudieron observar el funcionamiento del sistema interamericano, el rol de los actores involucrados y el modo en que se discuten los estándares internacionales de libertad de expresión que estudian en clase.

Una audiencia clave para evaluar la situación en la Argentina

La CIDH otorgó la audiencia tras unificar las solicitudes de FOPEA y del CELS, acompañados por Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN, ARGRA y otras entidades. El objetivo principal fue actualizar el panorama sobre la libertad de expresión en el país, un tema que ya había motivado advertencias en informes previos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Durante más de dos horas, las organizaciones detallaron datos y testimonios sobre un escenario que consideran marcado por un deterioro acelerado en estos últimos tiempos.

Tras escuchar la exposición y la respuesta oficial, la CIDH manifestó su preocupación y dejó abierta la posibilidad de enviar una misión formal a la Argentina para realizar un seguimiento exhaustivo.

Los planteos de FOPEA y la sociedad civil

La presidenta de FOPEA, Paula Moreno, abrió la presentación describiendo un “deterioro veloz y pronunciado” del clima para el ejercicio periodístico. Entre los indicadores centrales mencionó:

Aumento inédito de agresiones, mayormente hostigamiento digital protagonizado por las más altas autoridades.

Judicialización como mecanismo de intimidación.

Violencia física contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA registró cifras alarmantes:

179 casos en 2024, un 53% más que en 2023, y 257 casos en lo que va de 2025, récord histórico.

Hugo Wortman Jofré, de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta política, señalando las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un retroceso.

El periodista Hugo Alconada Mon relató en detalle la persecución sufrida tras publicar información sensible sobre la ex SIDE.

Por su parte, Claudio Jacquelin subrayó que la descalificación sistemática busca deshumanizar a los periodistas y recordó que en Diputados la Comisión de Libertad de Expresión no funciona hace más de un año.

Otras organizaciones describieron un patrón sostenido de violencia, con ataques directos de fuerzas de seguridad, el vaciamiento de Télam y campañas de odio especialmente dirigidas contra mujeres periodistas.

La postura del Gobierno

En representación del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, cuestionó el enfoque de las organizaciones y sostuvo que en la Argentina no existen restricciones para la labor periodística. Aseguró que las conferencias de prensa se realizan con regularidad y que los pedidos de acceso a la información pública son respondidos. Sobre las agresiones registradas en marchas, afirmó que se trató de hechos “aislados” y no de una política sistemática.

La reacción de la CIDH: preocupación y llamado al diálogo

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, recordó los pronunciamientos previos sobre la Argentina y enfatizó que el tema requiere especial atención.

La comisionada Gloria De Mees señaló que el primer paso para abrir un diálogo es reconocer la existencia del problema, en referencia a la postura del Estado.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, se solidarizó con los periodistas afectados y remarcó que en ninguna democracia un periodista debería sentir temor al investigar.

La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, agregó que, aunque no haya restricciones normativas, en los hechos parecen existir limitaciones que ameritan corrección.

Solicitudes formales ante la Comisión

FOPEA y Poder Ciudadano cerraron la audiencia con una serie de pedidos concretos:

Misión oficial de la Relatoría Especial y un informe exhaustivo sobre la situación del país.

Derogación del Decreto 780/2024, por limitar la Ley de Acceso a la Información Pública.

Creación de un Observatorio Permanente de libertad de expresión en Argentina.

Activación del acuerdo entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema argentina y elaboración de herramientas judiciales efectivas para proteger a periodistas.

Desarrollo de un protocolo de litigio sin costos económicos para casos de acceso a la información pública.

Cierre: una experiencia formativa que marca un antes y un después

Para los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital de la UNMdP, la participación académica en la audiencia ante la CIDH constituyó mucho más que una actividad de clase, se trató de una verdadera inmersión en el sistema interamericano de derechos humanos, donde pudieron observar en directo el modo en que se discuten, se documentan y se defienden los estándares de libertad de expresión que estudian a lo largo del curso.

La posibilidad de seguir en tiempo real las intervenciones, los datos presentados, los casos paradigmáticos, como los de Hugo Alconada Mon y Julia Mengolini, y la reacción de los comisionados, les permitió comprender la dimensión concreta y humana de los debates que impactan directamente en el ejercicio profesional del periodismo.

Desde la cátedra, la experiencia fue valorada como un hito pedagógico, pues convirtió los contenidos teóricos en vivencias situadas, y permitió a los futuros periodistas ver cómo los principios que se enseñan en el aula se transforman en herramientas de defensa de derechos, políticas públicas y decisiones internacionales.

Por su parte para la comunidad educativa, la jornada dejó un mensaje claro, a criterio del profesor Alberto Rodríguez en donde “formarse en periodismo implica comprender los riesgos, responsabilidades y garantías que sostienen la libertad de expresión, y hacerlo desde experiencias reales fortalece el compromiso profesional y ético de quienes asumirán esa tarea en el futuro”.