Trece personas fueron procesadas por la Justicia Federal de Mar del Plata acusadas de integrar una banda que se dedicaba al juego clandestino on line y al lavado de las ganancias obtenidas, y tres de los más importantes en sus roles deberán continuar en prisión.

La resolución la adoptó el juez Santiago Inchausti que además embargó a todo el grupo por un total de 20 mil millones de pesos.

La investigación federal por la explotación de casinos virtuales sin autorización y el presunto lavado de dinero avanzó así con una nueva resolución que esclarece la estructura interna de la organización y los roles asignados a cada uno de los imputados.

Los tres que permanecerán detenidos son Franco Saraco, encargado de la captación de “mulas”, administración de cuentas y guarda/gestión de fondos, Guillermo Hugo Pinarello como organizador, y por la promoción y dirección de la explotación de casinos virtuales, viajes al exterior y colocación de bienes y Joaquín Otero Cao por ser el presidente de BITNEA S.A., armado de sociedades pantalla, uso de criptoactivos y adquisición de bienes mediante testaferros.

Los investigadores sostienen que, desde al menos el año 2020, los distintos grupos (Grupo Saraco y Grupo Pinarello) operaban páginas como casino365online y sus dominios derivados, captaban “cuentas mulas” entre personas vulnerables y movían fondos mediante proveedores digitales para ocultar su trazabilidad. La causa ya había permitido constatar ingresos por más de 8.939.834 dólares cripto, dinero atribuido a los líderes previamente procesados.

En el fallo, la fiscal Laura Mazzaferri, a través del aval de Inchausti, se indica que el denominado subgrupo Pinarello estaba encabezado por Guillermo Jorge Hugo Pinarello y Joaquín Otero Cao, considerados organizadores. Ambos se dedicaban a promocionar apuestas ilegales, dirigir la operatoria del casino en línea y utilizar sociedades como BITNEA S.A. y Tecno Best Price para canalizar fondos. Según la resolución, Otero Cao recurría además al uso de “testaferros”, entre ellos su madre, para adquirir vehículos de alta gama y sostener un nivel de vida incompatible con su situación declarada. Dentro de este mismo núcleo, Carla Guadalupe Agüero, Natalia Carla Pinarello, Luis Hernán Agüero y Macarena Pontoriero cumplían funciones de apoyo en diferentes etapas: desde el pago a apostadores hasta el movimiento de dinero, la administración de bienes y la introducción de fondos en comercios y vehículos para aparentar origen lícito. En ese marco figuran bienes como un Mercedes Benz C200, un BMW 440, una Volkswagen Amarok y otros automóviles inscritos a nombre de terceros.

Un segundo núcleo señalado en la causa es el subgrupo Saraco, liderado por Franco Germán Saraco, a quien el juzgado atribuyó un rol “principal y primordial” en la obtención de cuentas utilizadas para recibir apuestas y efectuar pagos. Según los investigadores, Saraco administraba grandes sumas en efectivo y mantenía bajo su control proveedores digitales que operaban a nombre de terceros. En el allanamiento del 4 de noviembre de 2025, la justicia secuestró un bolso con 173.000 dólares que, según el expediente, había sido arrojado desde una ventana antes del ingreso policial. Junto a Saraco actuaban Fabián Saraco, Lucas Andrade y Agustín Miglierina —estos dos últimos ya procesados en tramos anteriores— además de las parejas de los imputados, quienes tomaban parte en la administración de fondos, la generación de cuentas y la eliminación de evidencia en oficinas vinculadas al grupo.

Dentro de ese mismo bloque aparecen Leila Irizar Blanco, Sol Ailén Piro y Ornela Alejandra Valdettaro, señaladas como colaboradoras directas en el uso de cuentas digitales, el manejo de dinero y la asistencia operativa para el sostenimiento del casino virtual. La resolución detalla que desde las cuentas de estas imputadas se registraban patrones compatibles con pagos a jugadores, sumas sucesivas enviadas en cortos lapsos y vínculos con dispositivos electrónicos preparados para la actividad en el comercio DGamers, también allanado. En paralelo, Gerardo Mendiola fue identificado como un captador de “mulas financieras”: al menos 21 personas abrieron cuentas con su intervención, todas utilizadas para recibir fondos del casino ilegal y luego transferirlos a los distintos subgrupos de la organización.

Por otra parte la acusación sostiene que la estructura operaba de manera coordinada, con roles diferenciados pero interdependientes para sostener la explotación del casino, ocultar ganancias y convertirlas en bienes registrables. El uso de terceros vulnerables, la apertura masiva de cuentas digitales, la compra de vehículos, los viajes reiterados a Paraguay y la creación de sociedades pantalla formaban parte de un mismo circuito que permitió a la organización mover dinero durante al menos cinco años, sin justificación económica ni patrimonial. Todos los imputados quedaron sujetos al proceso como integrantes de la asociación ilícita y con calificaciones vinculadas al juego clandestino, la intermediación financiera y el lavado de activos, mientras la justicia evalúa nuevas medidas para determinar si existieron más ramificaciones o participantes aún no identificados.

Por este expediente, la policía de distintas dependencias allanó numerosos domicilios, entre ellos dos suntuosas viviendas del barrio privado Rumencó.

Vale recordar que esta investigación es un desprendimiento de otra en la que se acusa como líder de la organización de explotación de juego on line y lavado de dinero, entre otros delitos, a Fabián “Gordo” Di Julio.