Casi nueve meses después de que entrara en vigencia en el sistema acusatorio, la Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a adaptarse, en un cambio que no fue solo normativo: alteró rutinas, tiempos y escenas habituales en la sede tant0 del Ministerio Público como de los juzgados.

El cambio más profundo radica en la transición de un sistema mixto a uno acusatorio, basado en los principios de oralidad, publicidad, celeridad y desformalización. Anteriormente, una gran cantidad de casos terminaban en la prescripción de la acción penal, lo que generaba insatisfacción en las víctimas y los protagonistas del conflicto. Bajo el nuevo código, se busca una gestión eficiente mediante el contacto fluido con la sociedad y la articulación directa entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y la Defensa Pública. Esto ha permitido que el proceso penal sea concebido como un fenómeno relacional y comunitario que requiere respuestas ágiles y orientadas a la prevención, en lugar de centrarse únicamente en la sanción

En los primeros meses de aplicación, el nuevo esquema se reflejó en la forma en que ingresan y se clasifican las denuncias. La mayoría de los casos federales fue abordada en instancias iniciales, donde se resolvió rápidamente si el conflicto ameritaba una investigación penal formal o si podía cerrarse por otras vías previstas en el sistema acusatorio. Esa etapa temprana absorbió la mayor parte del volumen de trabajo y redujo el número de causas que avanzaron hacia investigaciones prolongadas.

El funcionamiento cotidiano se trasladó a las salas de audiencias. Allí se formalizaron investigaciones, se discutieron allanamientos, detenciones, plazos y salidas alternativas. En ese marco, comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia acuerdos reparatorios y mecanismos que evitaron la instancia de juicio, con pagos directos a víctimas o donaciones a instituciones públicas, una dinámica que pasó a convivir con los procesos tradicionales.

A prpósito, ese otro cambio relevante es la visión del delito como una expresión de tensiones sociales que requieren abordajes integrales y restaurativos. El objetivo ya no es únicamente lograr una pena, sino priorizar la reparación del daño y la reconstrucción del entramado comunitario.

Mientras se ordenaba el ingreso de casos nuevos, también continuaron expedientes de alto impacto, algunos iniciados bajo el sistema anterior y otros ya tramitados con las nuevas reglas. Entre las causas que tuvieron mayor resonancia en este 2025 se encuentra la investigación por contrabando y encubrimiento vinculada a una obra de arte presuntamente expoliada durante la Segunda Guerra Mundial. El caso se activó a partir de comunicaciones de organismos internacionales que alertaron sobre la posible presencia en la ciudad de una pintura atribuida a Giuseppe Ghislandi, que habría sido sustraída a un galerista judío durante la ocupación nazi en los Países Bajos. Tras una serie de allanamientos iniciales sin resultados, la obra fue finalmente entregada por la familia de Frederich Kadgien, conocido como “El Financista del Nazismo”, y quedó bajo resguardo judicial. La investigación fue formalizada en una audiencia oral y pública, con un plazo de ciento ochenta días para profundizar las medidas de prueba.

Otra causa que avanzó durante este período fue la que investiga una organización dedicada al contrabando, al juego de azar online clandestino y al lavado de activos. El expediente, iniciado años atrás, apunta a una estructura que habría operado al menos desde 2020, combinando la venta de mercadería en infracción al Código Aduanero con plataformas de apuestas sin autorización y la posterior inserción del dinero en el circuito formal. La pesquisa incluye la presunta participación de un funcionario aduanero y, durante los últimos meses, registró nuevas detenciones y ampliaciones de imputaciones.

También tuvo desarrollo una investigación por robo sistemático de cables telefónicos, impulsada desde la sede fiscal descentralizada de Azul. La causa permitió desarticular una banda itinerante que operaba en Olavarría y que fue imputada por robo en poblado y en banda, con escalamiento e interrupción de las comunicaciones, un delito de competencia federal. En el marco de los allanamientos, además, se detectó un invernadero clandestino con plantas de marihuana y material para su fraccionamiento, lo que derivó en actuaciones paralelas por infracción a la ley de estupefacientes.

En paralelo a estas investigaciones, el nuevo sistema comenzó a mostrar su impacto en las causas que llegaron a etapa de juicio. Durante los primeros meses se dictaron sentencias condenatorias tanto en juicios orales como en procesos abreviados, y se cerraron expedientes mediante salidas alternativas como la reparación integral del daño o la suspensión del juicio a prueba. Estas resoluciones convivieron con un volumen significativo de causas no penales, vinculadas a cuestiones previsionales, migratorias y de competencia, que continuaron tramitándose de manera regular.

La transición al sistema acusatorio no se presentó como un proceso lineal. La reorganización interna, la adaptación de operadores judiciales y la coordinación entre fiscalías, defensas y oficinas judiciales marcaron el ritmo de los primeros meses.