La Argentina tendrá un nuevo régimen penal juvenil que permitirá juzgar penalmente a adolescentes desde los 14 años, tras la aprobación en el Congreso y la posterior promulgación de la ley por parte del Gobierno nacional. Sin embargo, la norma no comenzará a aplicarse de inmediato: entrará en vigencia dentro de seis meses, una vez cumplido el plazo establecido para su implementación.

La reforma quedó formalizada este lunes, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece un nuevo sistema para adolescentes en conflicto con la ley penal y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, en lugar de los 16 que regían hasta ahora.

De acuerdo con el texto de la ley, el nuevo régimen comenzará a aplicarse 180 días después de su publicación, plazo que fue establecido para permitir la reglamentación y la adecuación de estructuras judiciales, institutos y organismos que deberán intervenir en los procesos penales juveniles.

En términos prácticos, eso significa que la normativa entrará en vigencia el 5 de septiembre de 2026.

Cómo fue la aprobación de la ley
La reforma fue impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei y atravesó un extenso debate legislativo. Primero fue aprobada en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra, y luego el Senado le dio sanción definitiva con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.

Durante el tratamiento parlamentario, el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, aunque finalmente se acordó fijarla en 14 tras negociaciones con distintos bloques legislativos.

El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores, mientras que sectores opositores y organizaciones sociales cuestionaron la medida al considerar que podría profundizar problemas sociales vinculados a la infancia y la exclusión.

Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
La nueva legislación establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes especiales.

El sistema prevé penas diferenciadas respecto de los adultos y limita la privación de libertad a un máximo de 15 años, además de prohibir la prisión perpetua para menores.

Además, la ley contempla un esquema de sanciones graduadas que tiene en cuenta la edad del adolescente, el tipo de delito y las circunstancias del hecho. En los casos de delitos menos graves, las condenas podrán ser reemplazadas por medidas alternativas como tareas comunitarias, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones de concurrir a determinados lugares o programas de reinserción social.

También establece que los menores condenados deberán cumplir las sanciones en instituciones especializadas y separadas del sistema penitenciario de adultos, con programas educativos, capacitación laboral y asistencia psicológica orientados a su reinserción social.

El cambio más profundo en décadas
La reforma representa una de las modificaciones más importantes al sistema de responsabilidad penal juvenil en décadas. Hasta ahora, el régimen vigente —basado en una normativa de 1980— establecía que los menores de 16 años eran inimputables, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 solo podían ser juzgados en casos de delitos graves.

Con el nuevo esquema, la justicia penal podrá intervenir desde los 14 años, aunque el sistema mantiene un enfoque diferenciado respecto del régimen aplicado a los adultos, con penas menores y mecanismos orientados a la resocialización.

Mientras tanto, durante los próximos meses el Gobierno nacional y las provincias deberán avanzar con la reglamentación y la puesta en marcha de las estructuras necesarias para aplicar la ley, que comenzará a regir oficialmente en septiembre de 2026.