Un grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público jubilados de la provincia de Buenos Aires denunció una “crisis sin precedentes” en materia previsional, con grave afectación a derechos constitucionales.

Según sostienen, las jubilaciones del sector han perdido su carácter móvil, pese a que la normativa vigente desde 1972 garantiza que los haberes deben ajustarse automáticamente en función de los salarios de los magistrados en actividad.

El conflicto se agravó a partir de una acordada de la Suprema Corte bonaerense de 2022, complementada en 2025, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Estas mejoras no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social resolviera excluirlas del cálculo de los haberes previsionales.
Como consecuencia, denuncian que actualmente existe una brecha de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de activos y pasivos, lo que, en la práctica, vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria.

Los reclamantes advierten además que esta situación vulnera derechos adquiridos, protegidos por la Constitución Nacional y por la jurisprudencia de la Corte Suprema, al alterar un régimen legal vigente sin intervención legislativa. También invocan la protección especial que corresponde a las personas mayores en virtud de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Frente a este escenario, reclaman una urgente intervención de las autoridades para restablecer la legalidad del sistema y evitar un perjuicio que califican como especialmente grave, dado el carácter alimentario de las prestaciones y la avanzada edad de los afectados.