El intendente de General Pueyrredon Agustín Neme presentó una denuncia penal para que se investigue el funcionamiento de la denominada “Feria de la Bristol”, tras los indicios la aparición de indicios que apuntan a una presunta estructura organizada que habría operado durante 25 en un espacio público cobrando sumas millonarias en negro.

La presentación, realizada por el intendente ante la Fiscalía, solicita medidas de investigación urgentes a partir de elementos que surgieron en el marco de una causa federal en trámite y de allanamientos realizados el miércoles 15 de abril en el predio de la feria y en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA).

Según se detalla en el escrito, durante aproximadamente 25 años la feria funcionó sobre la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos al momento de los hechos. Sin embargo, lo que ahora se busca esclarecer es la existencia de un circuito paralelo de recaudación sin ningún tipo de control ni respaldo legal.

Testimonios de feriantes, que tomaron estado público en distintos medios de comunicación, dan cuenta de pagos mensuales en efectivo por cifras elevadas para poder ocupar un puesto. De acuerdo con esas declaraciones, los montos iban desde los $800.000 fuera de temporada hasta $1.500.000 en los meses de verano, con casos que incluso alcanzaban los $3.000.000 mensuales.

Los cobros, siempre según la denuncia, eran realizados por personas que se presentaban periódicamente en los puestos, retiraban el dinero en efectivo y, en algunos casos, anotaban los pagos en libretas informales, sin emitir recibos ni facturación.

Para el Municipio, estos hechos revisten particular gravedad debido a que se habrían producido en un espacio de dominio público, donde ningún particular tenía autorización para percibir cánones, y mucho menos hacerlo en condiciones de total opacidad fiscal.

En paralelo, la investigación judicial en curso habría detectado otras posibles irregularidades. Entre ellas, la comercialización masiva de productos que infringirían la Ley de Marcas, con el secuestro de unos 8.000 artículos apócrifos; el manejo de importantes volúmenes de dinero en efectivo; y la existencia de circuitos de provisión de mercadería de origen presuntamente ilegal.

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También se menciona la detección de múltiples transferencias bancarias vinculadas a la actividad de la feria, en lo que la Justicia habría caracterizado como una organización estructurada que administraba el predio en beneficio propio.

En la denuncia, el Municipio solicitó que se incorporen como prueba distintas publicaciones periodísticas y testimonios difundidos en redes sociales, además de avanzar con las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales.

La Feria de la Bristol fue demolida en la madrugada del jueves con topadoras y palas mecánicas de la Municipalidad. Se derribaron más de 170 puestos que estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena

El miércoles se había realizado un allanamiento por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) por orden de la Justicia Federal. Un centenar de efectivos avanzó con controles en el marco de la Ley de Marcas, dispuesto por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Justicia Federal.