La Secretaría de Educación avaló la regulación del uso de celulares en secundarias municipales, pero descartó una prohibición “taxativa”, dado que podría profundizar las brechas entre los estudiantes.

“El celular no es un lujo, sino un igualador de oportunidades”, expuso el área. El planteo fue realizado en un informe interno remitido al Concejo Deliberante a partir del tratamiento de un proyecto de la concejala Mariana Cuesta (Unión por la Patria), que propone restringir el uso de celulares, relojes inteligentes y otros objetos de comunicación digital durante la jornada escolar y demás tiempos de permanencia institucional.

La iniciativa apunta a que los dispositivos sean guardados y estén fuera de uso, “salvo cuando su utilización sea expresamente requerida por el personal docente con fines pedagógicos específicos”.

A grandes rasgos, el espíritu del proyecto es replicar la regulación que ya rige desde el año pasado en las escuelas primarias, a través de la ordenanza N° 26.561 y su posterior reglamentación.

Para avanzar en el debate, el Concejo le solicitó a la Secretaría de Educación un informe para que analice la iniciativa.

“En un contexto donde el acceso a material bibliográfico es limitado, el dispositivo móvil se presenta no solo como una herramienta de comunicación, sino como el principal, y a veces único, soporte pedagógico para los estudiantes”, señaló el área que encabeza Fernando Rizzi.

A partir de un relevamiento en las secundarias del sistema educativo municipal, la Secretaría indicó que “los apuntes digitales ganan terreno”, y que la mayoría de las escuelas permiten que el alumno conserve el dispositivo en sus pertenencias “bajo la consigna de estar apagado o en modo avión”.

En la misma línea, en el 91,7% de los establecimientos consultados los estudiantes no utilizan otros dispositivos tecnológicos por fuera del celular.

“Existe una tensión entre la necesidad de regular el dispositivo como ‘distractor’ y su validación como herramienta de aprendizaje”, advirtió la Secretaría.

En la actualidad -resaltó el informe-, el 25% de las instituciones ya tiene incorporada la normativa de guarda de celulares en sus Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC). Un 66,7% aún no aplica la obligatoriedad de dejar los equipos en contenedores institucionales.

En tanto, el 75% de los docentes utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus propuestas, aunque una parte considerable (16,7%) las sigue considerando una “distracción”.

A partir de esta radiografía, la Secretaría consideró que “cualquier normativa que emane de los organismos de control debe contemplar la brecha digital y económica de los contextos en los que están ancladas las escuelas secundarias”.

El celular “es frecuentemente el único medio de acceso a recursos pedagógicos y documentos digitales en hogares con escaso material bibliográfico; la regulación no debe ser prohibitiva, sino orientativa”.

“Una prohibición taxativa, sin ofrecer alternativas tecnológicas equivalentes, profundizaría la brecha educativa en los sectores más vulnerables”, observó la Secretaría. Por lo tanto, “la regulación debe enfocarse en la gestión pedagógica”.

En definitiva, el Ejecutivo avaló el dictado de una normativa que establezca condiciones para el uso de los celulares, tal como se hizo a nivel primario.

A su vez, sugirió algunas pautas iniciales para el abordaje de la situación, como fomentar la actualización de los AIC para “incluir el uso responsable y pedagógico”. O también “evitar la confiscación de dispositivos, priorizando la permanencia en mochilas para usos planificados”.

Tras la recepción del informe, la comisión de Educación del Concejo tratará hoy, a las 9.30, el proyecto de Cuesta, que podría tener su primer dictamen.