Al tomar la decisión de suspender el último aumento del boleto el juez Marcelo Fernández valoró que la norma fue sancionada por el Concejo Deliberante sin haber obtenido la “mayoría absoluta” requerida por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En su artículo 233, la Ley establece que “las empresas concesionarias someterán sus tarifas y precios a la consideración de la Municipalidad. Dichas tarifas y precios no se tendrán por vigentes mientras el Concejo no las apruebe en ordenanza sancionada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros y el Departamento Ejecutivo no las promulgue”.

La “mayoría absoluta” supone que para ser aprobada una norma debe obtener la mayoría de los votos emitidos. El 29 de diciembre, el proyecto para aumentar el boleto obtuvo 12 votos a favor sobre un total de 24 emitidos, es decir la mitad, ya que hubo otros 11 en contra y 1 abstención.

La situación podría haber sido distinta en el caso de que se hubiera producido un empate.

En esas circunstancias se hubiera aplicado el artículo 83 de la LOM, que le otorga al presidente del Concejo Deliberante la facultad de desempatar haciendo uso de su voto doble, permitiendo entonces que el proyecto cosechara 13 votos a favor.