La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo de primera instancia que obligó al municipio a pagar $524 millones, más intereses, por la expropiación de la plazoleta Almirante Brown, un pequeño terreno de 182 metros cuadrados ubicado frente a la Playa Varese. 

Tal como informó LA CAPITAL, el lugar está ubicado en Boulevard Marítimo entre Brown y Lavalle. En el lote hay unas palmeras, una placa conmemorativa colocada en 2007, una garita de colectivo y un banco con vista a la costa. 

Si bien a lo largo de más de tres décadas la gestión local se hizo cargo de los costos del mantenimiento y la conservación -el terreno fue ocupado en diciembre de 1988-, años atrás se presentó Guillermo Eduardo Newkirk, quien alegó ser uno de los herederos del bien y solicitó su restitución.

Esto motivó que el gobierno local impulsara en octubre de 2017 la sanción de la ordenanza N°23.409 para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación las parcelas necesarias para la utilización de la plazoleta en cuestión. 

La iniciativa luego se trasladó a la Legislatura bonaerense, que en 2021 aprobó la Ley 15.258. Esta norma habilitó la expropiación del terreno para que pase a manos del municipio, con el cargo de que allí funcione una plaza pública. 

Tras este avance, el entonces intendente Guillermo Montenegro ordenó en 2023 que el área de Legal y Técnica materialice la compra del lote, para lo cual promovió una demanda ante la Justicia. 

La comuna ofreció en un principio $16,2 millones, importe basado en una tasación de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, los herederos rechazaron de plano esa cifra por considerarla alejada del valor de mercado. 

Plantearon que el terreno tiene potencial inmobiliario por su localización frente al mar y reclamaron una indemnización acorde a los precios actuales, con intereses desde la desposesión. 

Esto dio inicio a una disputa judicial por el monto de la indemnización. En el proceso hubo tres peritajes. El municipal valuó el inmueble en US$215.000; el de la familia heredera, en US$400.000; y el designado de oficio, en US$390.000. 

Al igual que en el fallo de primera instancia, la Cámara respaldó la valuación del tercer perito (US$390.000), y rechazó la apelación del gobierno local, que había cuestionado el monto de la indemnización y la forma de cálculo.

En el fallo, el tribunal sostuvo que el terreno posee características “únicas” por su ubicación y potencial constructivo, pese a las limitaciones derivadas de su forma triangular y reducida superficie.

La Cámara avaló que el inmueble tiene potencial para un desarrollo inmobiliario “premium”, con una “vista plena a Playa Varese”, ausencia de terrenos linderos y la posibilidad de construir hasta ocho pisos. 

En particular, el juez Roberto Mora afirmó que la indemnización debe garantizar una “reparación justa e integral” del lote expropiado. Y recordó que el Estado debe afrontar “la suma necesaria que permita, de ser posible, adquirir un bien similar al desapoderado”.