Fuentes del ministerio de Seguridad deslizaron fuertes críticas por la decisión del intendente Carlos Arroyo de suspender la provisión de combustible a los patrulleros, calificándola de “unilateral” y desmintiendo así a funcionarios locales, quienes habían asegurado que la medida había sido consensuada con la Provincia.

La postura del ministerio conducido por Cristian Ritondo, vino acompañada de una serie de datos, entre los que se destaca el monto de 68.034.900 pesos que recibió el municipio en concepto de Fondo de Fortalecimiento en Seguridad para la compra de móviles, indumentaria, dos trailers para la seguridad vial, un sistema de video vigilancia, equipamiento general de seguridad. Según señalaron, a julio de 2017, el gobierno local a penas había ejecutado el 28% del mismo.

Estos trascendidos dejaron expuestos el fuerte malestar que generó en funcionarios provinciales la decisión del municipio, la cual, aclararon, incumple con los convenios acordados.

Así las cosas, y con el objetivo de dar continuidad a los operativos de seguridad establecidos en el municipio de General Pueyrredon, el ministerio de Seguridad de la Provincia tomó la decisión de hacerse cargo de los gastos de combustible que debe solventar el municipio.

Días atrás, el secretario de Seguridad, Fernando Telpuk, reconocía ante LA CAPITAL que  los convenios por los cuales el municipio aportaba desde hace más de una década una partida de combustible para los patrulleros de la provincia que prestan tareas en el distrito habían sido puestos a revisión, y posteriormente suspendidos, por el área de Hacienda de la comuna, a cargo de Hernán Mourelle.

Sin embargo, el funcionario aseguró que la medida se había tratado de una determinación “consensuada” con el Ministerio de Seguridad de la provincia.

“Es un tema puramente financiero. No es un tema de política de seguridad”, agregó Telpuk. En esa línea, subrayó que “es una decisión de Hacienda, no de Seguridad”.