El Concejo Deliberante sesionará este jueves con la mira puesta en el transporte público de pasajeros. Los contratos con las concesionarias vencen el 19 de junio y el oficialismo prevé otorgarle al intendente Guillermo Montenegro la facultad para tomar medidas que garanticen la continuidad del servicio.

Para eso, los bloques que integran Juntos por el Cambio (Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica), acompañados por la Agrupación Atlántica y Acción Marplatense, votarán un proyecto de ordenanza de cinco artículos, uno de los cuales encomienda al jefe comunal a “tomar todas las previsiones legales y administrativas correspondientes en el marco de la normativa vigente”.

Como lo adelantó la Subsecretaría Legal y Técnica en un informe enviado a la comisión de Movilidad Urbana, el gobierno municipal tiene previsto extender los contratos con las empresas por un máximo de dos años o, dentro de ese período, hasta que pueda llevarse adelante un proceso de licitación y se adjudique. De acuerdo al informe legal, así lo permite el artículo 5° de la ordenanza 16789 (el pliego de 2005). En virtud de esa normativa, las concesiones ya habían sido extendidas por dos años cuando vencieron, en 2019.

El dictamen aprobado por mayoría en comisiones (el Frente de Todos votó en contra) incluye además la declaración del estado de emergencia en el servicio por el término de un año, prorrogable por igual período por el Ejecutivo.

Además, faculta al intendente a fijar la tarifa hasta el 31 de diciembre. Según el estudio técnico que elaboró la Subsecretaría de Movilidad Urbana, el boleto, que cuesta $35,24 desde fines de julio del año pasado, debería subir a $ 93,69. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, aseguró que la intención oficial no es llevar la tarifa a esa cifra.

El proyecto que se tratará hoy contiene además dos artículos solicitados por Acción Marplatense. Uno para que el Ejecutivo gestione ante autoridades nacionales la equiparación de los subsidios del transporte con los que se otorgan en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de disminuir el impacto del aumento de costos en la tarifa. El gobierno local deberá informar en forma trimestral al Concejo las gestiones realizadas y sus resultados.

El otro artículo prevé que se convoque a todos los funcionarios y legisladores marplatenses que ocupan lugares de gestión y representación en los gobiernos nacional y provincial para lograr “un frente único por la equidad tarifaria”. Públicamente, Acción Marplatense insistió en la necesidad de que el intendente y la directora ejecutiva de Anses, la marplatense Fernanda Raverta, gestionen en conjunto mayores subsidios para el sector.

La sesión, prevista para el mediodía, será más inusual que otras: por el confinamiento definido por el Gobierno nacional, solo estarán presentes en el recinto los presidentes de cada bloque, mientras que los demás concejales participarán en forma remota.