El interbloque de Juntos por el Cambio tiene previsto entregarle hoy al intendente Guillermo Montenegro una de las ordenanzas que más impulsó para mejorar la seguridad: las del sistema de reconocimiento facial.

Aunque el oficialismo llega a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante −convocada para las 10− con un despacho de minoría, el voto de Nicolás Lauría, de Creciendo Juntos, le permitiría obtener más votos que la propuesta de la oposición, que en la previa llega como un despacho de mayoría.

La iniciativa de JxC, que modificó la redacción original enviada por el gobierno municipal, crea el Programa de Reconocimiento Facial como complemento del Sistema de Video Vigilancia Urbana. Entiende por reconocimiento facial “al uso de sistemas analíticos y algoritmos aplicados a las cámaras de video vigilancia que permitan la identificación de personas, objetos y/o comportamientos dinámicos”.

Los objetivos son “fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria, promover la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, garantizar más y mejores escenarios para la convivencia ciudadana, generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación de contravenciones y delitos, y aprovechar la capacidad de detección de movimiento para identificar personas prófugas de la justicia, con búsqueda de paradero, así como también la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos”.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad. El proyecto le encomienda al Ejecutivo a adquirir, mediante licitación pública, la solución de software tecnológica necesaria para el establecimiento del sistema. El pliego de bases y condiciones deberá contemplar expresamente “el tipo de información a recabar, protocolos y responsables del manejo y/o descarte de dicha información” y “medidas de seguridad y fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas y/o no coincidir con ningún parámetro de búsqueda”.

También deberá contener el precio de referencia estimado para la adquisición y mantenimiento del sistema, los plazos de facturación y pago y el mecanismo de redeterminación de precios. Según el despacho, toda información no relevante para las funciones del sistema “deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”.

Cuando el expediente todavía no había sido aprobado por las comisiones claves del Concejo y la oposición lo cuestionaba duramente, el intendente Guillermo Montenegro dijo que su gobierno iba a “insistir” con el reconocimiento facial con el objetivo de generar “una ciudad más moderna, segura y ordenada”. “Vamos a insistir porque este dispositivo ya se usa con éxito en todo el mundo”, afirmó, y remarcó que “permite identificar y detener personas que tengan una orden de captura por parte de la Justicia y encontrar niños o adultos perdidos”.

También destacó que “puede usarse en casos de violación de una restricción judicial”. “Ya demostramos que la tecnología es una herramienta fundamental para mejorar la seguridad cuando aplicamos el anillo digital”, agregó en referencia al monitoreo de patentes.

El despacho opositor

Redactado por Acción Marplatense y con aportes del Frente de Todos, el proyecto opositor también fue respaldado en comisiones por Alejandro Carrancio, el compañero de bloque de Lauría.

La gran diferencia con el oficialista es que encomienda la remisión del pliego licitatorio al Concejo y ordena al Ejecutivo a convocar a un Comité de Ética conformado por un representante del Colegio de Magistrados, los rectores de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados, un representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y un concejal por bloque político.

La iniciativa también exige “la generación de los convenios imprescindibles para la provisión de bases de datos oficiales por parte de las diferentes jurisdicciones policiales y de administración de justicia que otorguen al software auténtica utilidad práctica en el estricto marco del ordenamiento jurídico vigente”.