Después de varias semanas de intensas negociaciones, la Legislatura bonaerense sancionó las leyes de endeudamiento y la media sanción a la emergencia turística y gastronómica. Ambas tienen impacto sobre el futuro de Mar del Plata. El jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, el marplatense Maximiliano Abad, estuvo al frente del proceso y habló con LA CAPITAL sobre las medidas sancionadas y la situación de la pandemia en la Provincia.

–¿Cómo van a impactar las leyes de endeudamiento y la emergencia turística y gastronómica para los vecinos de Mar del Plata y Batán?

–Desde la oposición hicimos fuerte hincapié en que, en el marco de todas las necesidades que tiene la Provincia, era prioritario que los intendentes lleguen a sus vecinos con acciones de gestión y puedan enfrentar con mayores herramientas económicas la situación sanitaria. Y en esa discusión se logró el objetivo: en el caso de General Puyerredon, la negociación de Provincia significan 143 millones para el municipio, que se sumarán a los 163 millones del acuerdo con Nación. Son 307 millones para volcar a la ciudad: esto implica un Estado con mayor capacidad para brindar iluminación, limpieza, presencia policial, lo que redunda en más seguridad para el vecino. Con ese objetivo defendimos las economías municipales, porque son el primer mostrador al que acude el vecino. Tenemos que preservarlos y apoyarlos en este contexto de gran dificultad. En cuando a la emergencia turística y gastronómica, buscamos que el sector privado acceda a beneficios impositivos, líneas de crédito, y siga siendo sostenible, a pesar de lo mal que lo pasaron este año. Es una iniciativa que les permite llegar de pie y con más oxígeno al momento en que la situación sanitaria permita la reactivación de la actividad.

–¿Era necesario el endeudamiento que pedía el gobierno de Kicillof?

–Sin duda no se puede gestionar sin recursos. La Provincia atraviesa un momento crítico, como el país y como todo el planeta. Nosotros, como oposición, sabemos que hay que permitirle al gobierno obtener los recursos para gobernar. Ahora bien, eso no significa votar a libro cerrado o firmar un cheque en blanco. Por eso, pedimos explicaciones, miramos los números, pedimos que se incluya y se contemple a los municipios en la asignación de esos recursos. Pongo un ejemplo: el fondo Covid-19 por 3 mil millones no forma parte de la ley, lo mismo que la cancelación de las deudas que tiene la Provincia con algunos municipios. Y esa discusión se dio, se acordó y se garantizó que la gobernabilidad de la Provincia no sea solo para el gobierno central, sino que los 135 municipios puedan aliviar su economía, empezar a planificar el después y garantizar el servicio a los vecinos. Acompañamos el proyecto del oficialismo y demostramos una vez más que somos una oposición responsable: queremos que al Gobierno le vaya bien para que los bonaerenses estén mejor.

–¿Cómo está viendo la evolución de la pandemia en la provincia?

–En una situación tan delicada debemos ser muy responsables cuando brindamos información. Hay mucha gente pasándola muy mal, y no hay que apelar al miedo ni a la búsqueda de culpables. Como oposición vamos a seguir colaborando para que juntos podamos superar este momento tan difícil, poniendo siempre en primer lugar a las personas y sus necesidades. No es una buena idea dar pronósticos ni encender alarmas, como fueron las declaraciones del ministro Gollán, que tanta angustia les generó a los marplatenses. La verdad es que todavía no podemos vislumbrar cómo será la temporada de verano, pero sí podemos garantizar que vamos a trabajar para que haya herramientas, protocolos, formas de gestionar una temporada bajo esta nueva normalidad.

–¿Y cómo analiza la situación en Mar del Plata?

–Mar del Plata logró prepararse para cuando el virus empiece a golpear fuerte. Y pudo retrasar durante varios meses ese momento. Fue punta de lanza en algunas iniciativas, como los protocolos para comercios. Fue una de las ciudades grandes que pudo ir avanzando de fase gracias a la responsabilidad de los marplatenses: una ciudad de 800 mil habitantes se mantuvo con una cantidad de casos que no reflejan un desborde de la cuestión. El intendente Guillermo Montenegro ha conducido este proceso con responsabilidad y mucha gestión. Es cierto que ahora hay relajamientos, que debemos seguir insistiendo en que el problema aún no terminó. La responsabilidad individual debe complementar la seriedad con la que el Estado está trabajando. Con un Concejo Deliberante que encontró la forma de funcionar, propiciando el diálogo entre las fuerzas políticas, con los especialistas, y con nosotros, que somos marplatenses, trabajando por y para Mar del Plata en la provincia.

–Todas las encuestas marcan que la preocupación principal de los argentino es la economía y la inseguridad. ¿Qué análisis hace de la gestión de Alberto Fernández en esto temas?

–El Gobierno parece no tener muy claro hacia dónde va en ambos temas. No puede ser que en este contexto la ministra Frederic esté en medio de pujas políticas o delegando en Grabois lo que le corresponde hacer a ella. El monopolio de la fuerza es facultad indelegable del Estado. También expresó que los medios generaban la percepción del crecimiento del delito: negar los problemas nunca es una solución: anteriormente ya lo hicieron y hoy pagamos las consecuencias. El primer paso para resolver es reconocer lo que sucede. Sin dudas, estamos preocupados ante la ola de delitos que se está viviendo, y los bonaerenses estamos esperando que los responsables den respuesta. Los hechos demuestran que se necesitan más recursos y una mejor coordinación entre Nación, Provincia y municipios. No se puede mirar para otro lado. En cuanto a la cuestión económica, el Gobierno dice que sabe cómo saldrá de la crisis postpandemia, pero no lo dice: no hay ninguna hoja de ruta clara. En cambio, instala una reforma judicial entre las prioridades de gestión, muy lejos de la gente.

–¿Se equivoca el Gobierno en plantear la reforma judicial en este momento?

–El Gobierno lo presenta en este momento porque lo urge lograr una justicia hecha a medida. No tiene que ver con una intención republicana, y eso se nota mucho en la falta de mirada democrática que tiene la reforma que, además, no reforma lo que hay que reformar. La justicia argentina debe ser revisada y modificada, pero esta reforma del fuero penal federal responde a los intereses de un sector del gobierno. Por eso, será una nueva oportunidad perdida, porque el debate hay que darlo, pero darlo en serio. Esto es algo que ya vivimos: cuando el Gobierno actúa por sus intereses, peleas internas y personales, como fue en su momento la 125, lo único que logra es embarrar la cancha, postergando por muchos años el debate profundo y verdadero de la cuestión de fondo.