La asociación Abuelas de Plaza de Mayo repudió el proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno y llamó a la dirigencia de todo el arco político, a la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, “a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir”.

“Al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, que oportunamente rechazamos, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo”, señala un comunicado publicado en la página web de esa asociación de derechos humanos.

El comunicado de las Abuelas comienza con un “NO”.

Destaca además, que el proyecto de ley busca “criminalizar la protesta social”, y utiliza la definición de “legítima defensa para flexibilizar el gatillo fácil y la mano dura” de las fuerzas de seguridad.

También dice que “agrava las penas” para las personas que se expresen en la calle e, incluso, a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación”. Para las Abuelas, el mayor problema, es que pasa a entender por “manifestación” a cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas”.

Otro punto del proyecto de ley es que retoma la figura de la obediencia debida, “para librar de penas a quienes hubieran obrado en cumplimiento de un deber”, y afirma que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de la fuerza de seguridad”.

En ese sentido, desde la asociación rechazan el proyecto de ley, ya que pretende “una transformación de todas las atribuciones del Estado: penal, tributaria, económica, educativa, cultural, social y previsional”, además “avasalla los derechos de los y las argentinas”.

Según las Abuelas, “la democracia está en riesgo”, por eso a 40 años de haberla recuperado, llaman a la dirigencia de todo el arco político, la justicia, las organizaciones de la sociedad civil, y a la ciudadanía, “a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir”.

Hacia el final del comunicado postulan que “ejercer la máxima autoridad del país, exige responsabilidad y apego a la Constitución”.
Por tal motivo, piden especialmente a los representantes del pueblo que estén a la “altura del peligro que estamos viviendo”.