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La Ciudad 8 de noviembre de 2026

Una apuesta valorable, deudas en varios frentes y cambios a la vista

El intendente anunció la puesta en marcha de un sistema para monitorear la recolección de residuos. Lo conectó con la seguridad. Pero hay asuntos pendientes en los que se ve menos determinación. Diferencias por el futuro de la "Canchita de los Bomberos".

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Las cámaras de los camiones servirán para controlar el servicio y sus imágenes podrán utilizarse en investigaciones de hechos delictivos.

Por Ramiro Melucci

Por primera vez desde que volvió, Guillermo Montenegro hizo una aparición pública vinculada a la gestión fuera de las oficinas COM. Se trasladó al Ente de Servicios Urbanos (Emsur) para anunciar la implementación de un “sistema vigía”, con el que conectó el viejo reclamo por un control efectivo a la empresa recolectora de residuos (a la que el Municipio desembolsa $ 6.874 millones mensuales) con la seguridad.

Los camiones llevarán cuatro cámaras que servirán para controlar en tiempo real a la empresa y para identificar a quienes generen microbasurales. Las imágenes también pueden ser un aporte en la investigación de hechos delictivos.

Cuentan en el gobierno municipal que el sistema estaba en la cabeza del intendente desde antes de volver y que “se lo exigió a la empresa”, por lo que “no hay un costo mayor para el Municipio”.

Tras ese anuncio valorable tuvo una actitud de rechazo a las preguntas incómodas de los periodistas. No respondió sobre el informe ambiental del Emsur que señaló que la limpieza de microbasurales y restos de poda cayó un 36,9%. Entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 se removieron 4422 toneladas de residuos, frente a las 7009 que se habían removido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Además, los operativos con equipos viales se redujeron a la mitad en 28 barrios de Mar del Plata.

También despejó en el aire la consulta sobre el pliego de licitación del transporte. “Pregúntenles a los concejales”, exhortó cuando se iba, acaso sin reparar en que el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García (Coalición Cívica), ya había dicho que estaba esperando instrucciones del Ejecutivo para saber cómo reencauzar el debate, en un limbo desde que fracasó la conformación de una comisión paralela para tratar el expediente. 

La noticia fue otra: el pedido de aumento tarifario del 57% para llevar el boleto a $ 3015,83. Ocurrió pocos días después de que el Ministerio de Economía de la Nación incrementara los subsidios al transporte urbano para las 104 líneas que entran y salen de CABA y el conurbano con el fin de que no aumente la tarifa.

A diferencia de lo que hacía cuando el kirchnerismo estaba en el poder, el jefe comunal no levantó la voz. Sí lo hicieron otros intendentes, que presentaron sus quejas en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación. “Un ciudadano del AMBA no puede valer cuatro veces más que uno del interior”, fundamentó el rosarino Pablo Javkin.

 


No es el único reclamo de los alcaldes. También cuestionan los recortes del programa Remediar, que reducen al mínimo la provisión gratuita de medicamentos por parte de los centros de salud. En Mar del Plata las que empujan un pronunciamiento sobre el asunto son las bancadas opositoras. El oficialismo gambetea para no desairar al Gobierno nacional.

El estado de las calles aparece entre los temas que más preocupan. Los recursos de la tasa vial, que los automovilistas aportan cada vez que cargan nafta o gasoil, no alcanzan a reflejarse en la vía pública. Cuentan que el ritmo de las licitaciones de obra descendió drásticamente desde que en agosto se jubiló la jefa de Compras del Ente de Vialidad (Emvial) y nadie la reemplazó.

Es una forma rara de funcionar. Tampoco nadie reemplazó al secretario de Obras, Jorge González. Se tomó licencia a fines de septiembre y desde el 5 de octubre se hizo efectiva su renuncia. En el gobierno local aseguran que el anuncio del reemplazante no demorará mucho más, pero evitan confirmar, con una cuota de misterio, los nombres que trascienden: “No hay nada de nada hasta la otra semana, cuando vamos a hacer ese cambio y quizás algún otro”.


El estado de las calles aparece entre los temas que más preocupan. Los recursos de la tasa vial, que los automovilistas aportan cada vez que cargan nafta o gasoil, no alcanzan a reflejarse en la vía pública. 


Uno de los debates centrales de estos días está vinculado con un asunto en el que debería tener alguna intervención un secretario de Obras: el destino de la histórica “Canchita de los Bomberos”. El diputado nacional Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza) sorprendió con una foto junto a la presidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en una alternativa sobre esas parcelas linderas al Museo Mar, utilizadas desde hace años por los vecinos como plaza pública.

La llamó “propuesta superadora”. Debe explicarse: superadora de la legislación actual, una ordenanza de 2010 que le cedió al Estado nacional 35 mil metros cuadrados de esos predios para la construcción. El plan de Carrancio acordado con las autoridades de la AABE es que “un 40%” de esos metros otorgados a la construcción queden, junto con el resto del predio, como espacio público. Y que sean transferidos al Municipio.

En paralelo, la comuna cambiaría los indicadores para que la AABE pueda vender la superficie restante sin que haya impedimentos para edificar. Para eso necesitaría una ordenanza del Concejo Deliberante. El problema es que hoy solo tendría los votos del PRO y La Libertad Avanzan. No le alcanzan.


La "Canchita de los Bomberos", pulmón verde del sector costero norte.

La “Canchita de los Bomberos”, pulmón verde del sector costero norte.


Cuando Carrancio salió de las oficinas de la AABE se encontró con el concejal Fernando Muro (PRO), que se disponía a ingresar. Al margen de algunas diferencias menores, libertarios y amarillos coinciden en el concepto de que puede quedar un amplio sector para plaza pública si, en compensación, se le permite al Estado nacional usufructuar otra porción.

El radicalismo no acepta. Maximiliano Abad impulsa a sus concejales a modificar indicadores urbanísticos para imposibilitar una venta futura de las tierras. Concuerda en ese punto con la oposición: si se juntan alcanzan la mayoría legislativa en el Concejo, donde el martes, en la reunión de la Comisión de Obras, se disputará el próximo round. 

Menos posibilidades parecería tener el renovado pedido de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, integrada por la Iglesia y diversas organizaciones sociales, para que se apruebe la emergencia alimentaria solicitada hace dos años.

El objetivo es que el Municipio agilice las compras de alimentos y evite las demoras burocráticas que obstaculicen las respuestas urgentes. Pero Montenegro mantiene la postura de rechazarla. Cerca suyo recordaron que la misma posición adoptó cuando La Cámpora promovió la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires.

Pero más que a la cuestión social las miradas se dirigieron en la semana al estadio José María Minella. El jueves se cumplió un año de su entrega a la firma Minella Stadium. Habría que imaginar lo mejorado que podría haber lucido en el partido de Aldosivi frente a River si se hubiera cumplido al menos una parte de lo prometido. Pero fue un año perdido. La debacle de la brasileña Revee, socia mayoritaria de Minella Stadium, postergó la renovación soñada.

A pesar de que la Municipalidad todavía debe aprobar el cambio accionario, la expectativa quedó ahora en manos del empresario de Marcelo Fígoli. Trascienden obras inminentes que empezarían por la platea techada y comentarios sobre la realización de un torneo de verano. Ver para creer.