Los acompañantes terapéuticos de Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación crítica: en el marco de la pandemia, las obras sociales y empresas de medicina prepaga se niegan a abonarles sus servicios, dejando a una importante porción de trabajadores sin ingresos durante la cuarentena y a personas con discapacidad con su tratamiento interrumpido.

LA CAPITAL dialogó con Nicolás Alonso, uno de los cerca de 3.000 profesionales de la ciudad que se encuentran afectados por la medida, quien señaló que, sin un organismo que los regule o una ley que los proteja en territorio boanerenses, los trabajadores solo pueden exigirle al Ministerio de Salud que los incluya en las resoluciones que obligan al pago de prestaciones.

“El núcleo de nuestro reclamo es que las obras sociales y empresas de medicina prepaga no quieren abonar nuestra prestación durante la cuarentena, pese a que nos encontramos trabajando bajo la modalidad virtual o domiciliario, dependiendo las particularidades de cada caso”, indicó el acompañante terapéutico a este medio.

Es que al igual que ocurrió con otros sectores, como el de transportistas de personas con discapacidad, el cierre de centros de día, sumado a las medidas de prevención por el aislamiento social obligatorio, llevaron a que muchos trabajadores no pudieran continuar con sus tareas de la manera habitual.

De todas maneras, en el caso de los acompañantes terapéuticos aseguran que muchos de ellos lograron adaptar el servicio a la modalidad virtual o domiciliaria y dar así continuidad a los planes de trabajo propuestos para el año, aunque esta situación no fue contemplada por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, las cuales se niegan a reconocer el trabajo de los profesionales de la salud y, por ende, abonar por los servicios prestados a los afiliados durante el periodo de aislamiento social obligatorio.

“Nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de distintas áreas, los cuales adaptaron su trabajo a un formato similar que sí es contemplado por las obras sociales. En muchos casos, a pesar de no concurrir a nuestros lugares de trabajo, nos adaptamos a un formato virtual con la idea de cumplir con nuestra labor y cumplir con los objetivos que fueron propuestos en cada uno de los planes de trabajo a principio de año”, señaló Alonso, quien además destacó que “la interrupción de los tratamientos y procesos terapéuticos trae consecuencias e implica retrocesos”.

Alonso también aseguró que las últimas resoluciones de la Superintendencia de Salud en el que intima a las obras sociales a abonar las prestaciones de marzo y abril, los dejó a ellos afuera por no contar con una ley de ejercicio profesional en la provincia. “Necesitamos que nos nombren en la resolución”, indicó, como una de las medidas que podrían solucionar el complejo escenario.

La realidad es que la relación entre los acompañantes terapéuticos y las obras sociales en la provincia de Buenos Aires es, desde siempre, compleja.

Sin una ley de ejercicio profesional que los regule o ampare, muchas obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen desconocer la prestación o colocar gran cantidad de trabas para autorizarlos tras el pedido de los afiliados.

“Es decir, no autorizan la prestación por considerarla innecesaria o lo hacen por menos horas de las que el afiliado necesita o a un valor de cobro por hora para el acompañante absolutamente bajo e irrisorio“, señaló Alonso, al tiempo que señaló que aquellas que terminan siendo autorizadas el pago puede demorar de “cinco a seis meses”.

En este sentido, y en el marco del contexto vivido actualmente, Alonso señaló la importancia de retomar un reclamo histórico de los acompañantes terapéuticos bonaerenses. “No tenemos ley de ejercicio profesional como sí la tienen otras provincias.  ¿De qué sirve tener una ley de acompañamiento terapéutico? Entre otras cosas sirve para delimitar, caracterizar y regular nuestro quehacer y formación, así como también nuestra tarea y nuestro rol”, señaló.

Y concluyó: “En esta situación de emergencia y momentos críticos, necesitamos defender los tratamientos de personas con discapacidad. Quienes son responsables de su cobertura no pueden suspender la misma porque sí y mucho menos no contemplar el tiempo de dedicado de muchos trabajadores de la salud, entre ellos los acompañantes terapéuticos, para no suspender los tratamientos en los que veníamos trabajando habitualmente y que son beneficiosos para un gran número de personas”.