La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez afirmó, en un escrito presentado ante la Justicia, que su expareja, el expresidente Alberto Fernández, a quien denunció por presunta violencia de género, la obligó a abortar en 2016.

Yáñez hizo la aseveración en un escrito presentado este lunes, en el que solicita a la Justicia ser querellante en la investigación abierta contra Fernández por presuntas lesiones en contexto de violencia de género.

La ex primera dama aseguró que Fernández ejerció “violencia reproductiva”, obligándola a someterse a un aborto en 2016, en el inicio de su relación de pareja, en un vínculo en el que, según denuncia, hubo episodios de “hostigamiento y violencia”.

Según Yáñez, el “hostigamiento y acoso psicológico” eran “constantes” y se iniciaron antes de que la pareja comenzara a convivir y planteó que sufrió “lesiones graves” que “dejaron secuelas de daño psicológico hasta el día de hoy”.

La pareja tuvo en abril de 2022 un hijo, Francisco, que actualmente reside en Madrid con ella.

Yáñez, de 43 años, decidió impulsar el 6 de agosto una denuncia contra el expresidente después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a la expareja del político peronista.

Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien manifestó estar padeciendo “terrorismo psicológico” por parte de Fernández.

En el escrito presentado este lunes, Yáñez pide que el caso sea calificado por el presunto delito de “lesiones graves” y no “leves”, “agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas”.

Se prevé que este martes la ex primera dama declare en forma virtual, desde Madrid, ante el fiscal a cargo de la investigación, Ramiro González.