Por Florencia Pessarini

El presidente del tribunal que juzgó a siete personas por la muerte de Diego Armando Maradona, Alberto Gaig, es un especialista en derecho penal que, pese a aguantar durante meses una fuerte presión, no pudo evitar romper a llorar cuando el pasado jueves el juicio quedó visto para sentencia.

“Han sido muchos…”, alcanzó a decir, antes de quebrarse, quien había dirigido, durante 51 audiencias, uno de los juicios más mediáticos de la historia argentina.

En la sala se hizo un silencio respetuoso y veinte segundos después el magistrado continuó, sin poder contener las lágrimas: “Han sido muchos meses de trabajo en un juicio particularmente extenso, complejo y de una repercusión pública poco habitual”.

Alberto Gaig, de 57 años, ingresó en 1989 en la Justicia en calidad de ‘meritorio’, como se conoce a los jóvenes que trabajan sin remuneración en los tribunales argentinos en busca de iniciar una carrera judicial.

Pasó por el Ministerio Público Fiscal y en 2016 fue nombrado juez de los tribunales de la localidad de San Isidro, donde tuvo que resolver causas penales violentas en este distrito del Gran Buenos Aires, que si bien concentra una gran riqueza también alberga un extenso barrio con población vulnerable.

De mediana estatura, porte elegante y enfundado en impolutos trajes grises, trabajó durante diez años en el anonimato mediático, hasta que en julio de 2025 fue elegido en un sorteo para presidir el tribunal del nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

“Esta audiencia no se va a interrumpir, vamos a seguir adelante”, vociferó Gaig en una audiencia preliminar, tras conocerse su designación.

El primer juicio por la muerte de Maradona se había anulado en mayo de 2025, pocos meses después de su inicio, debido al escándalo protagonizado por Julieta Makintach, quien se desempeñaba como vocal y grabó de manera clandestina imágenes para un documental que se iba a llamar ‘Justicia divina’.

“Vamos a solicitar que no se dé en modo alguno por consentida la conformación del tribunal”, objetó el abogado Francisco Oneto, quien representa al presidente Javier Milei en causas de calumnias e injurias y en el segundo juicio por la muerte de Maradona se sumó a la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque.

La audiencia fue suspendida y tres defensas pidieron una recusación, que fue rechazada. Ahí quedó clara la estrategia, tal y como expresó la Fiscalía: “Quieren que el juicio no se haga”.

Gaig rebajó el tono tras esa audiencia y durante meses condujo el debate de manera clara y ordenada.

LLegó a dirigir audiencias hasta entrada la noche y, cerca del final del juicio, las extendió a la madrugada, sin perder de vista las garantías procesales de damnificados e imputados, con la certeza de que cualquier error le podía costar caro por los miles de ojos que tenía puestos encima.

Derecho a guardar silencio

La búsqueda de garantías volvió a poner al juez Gaig en la cuerda floja hacia la mitad del juicio, cuando fue citado a declarar como testigo Maximiliano Pomargo, secretario personal del astro y procesado en una causa paralela por el usufructo ilegítimo de la marca comercial Diego Armando Maradona.

Esa noche se presentaron una decena de mensajes en los que Pomargo y Luque se confabulaban para evitar que Maradona fuera ingresado en una clínica: “Es un favor personal, porque de eso depende el trabajo de todos”, escribió el secretario.

En otro tramo de la conversación, Pomargo aseguraba que si lograban ese objetivo habría “plata para todos”.

Maradona terminó asistido en una casa particular y allí falleció, en manos de los profesionales de la salud que han sido juzgados por Gaig.

“Tengo la obligación de hacerle saber que tiene derecho a guardar silencio”, dijo Gaig, interrumpiendo el interrogatorio y citando el derecho a no incriminarse. Luego agregó la frase de la polémica: “Puede haber algún tipo de responsabilidad de incrementar un riesgo sobre la responsabilidad médica”.

Los abogados defensores objetaron que el juez había dirigido “una suerte de hipótesis imputativa” al mencionar la responsabilidad médica, lo que podría constituir un motivo de recusación.

Mientras algunos abogados querellantes fumaban nerviosos en los pasillos de un tribunal desierto, cerca de la medianoche, Oneto intentó buscar adhesiones; pero fracasó.

Gaig logró junto a sus colegas Alberto Ortolani y Pablo Rolón llevar el juicio a término, el pasado 22 de octubre, cuando se celebró la última audiencia.

Tras la finalización de los alegatos, las últimas palabras de Dalma y Jana Maradona, de los acusados y la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, el juez intentó pronunciar unas palabras de agradecimiento, pero solo pudo decir: “No voy a poder hablar”.

La sentencia se conocerá el próximo 22 de diciembre.

EFE.