La falta de un análisis a largo plazo en la mayoría de los países de América Latina constituye uno de los principales escollos para el desarrollo de los sistemas de Compras Públicas Sostenibles (CPS), aunque en ese marco la Argentina es “pionera” en la región, al contar con legislación específica que, con modificaciones, tienen vigencia desde 2012.

Así lo señaló a Télam Belén Aliciardi, encargada de CPS en la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, quien a su vez advirtió sobre la falencia de no contarse aún con un sistema estadístico que permita establecer indicadores de gestión y de impacto.

– Ante las urgencias financieras y fiscales, ¿Qué decisión debe tomar el Estado entre adquirir un bien o servicio sustentable más caro que otro similar que no es sustentable?

– A veces lo urgente no nos deja tiempo para lo importante, pero las compras sostenibles son urgentes e importantes. En la Argentina, con nuestro presupuesto analizamos el precio a corto plazo y no a mediano y largo plazo. Un análisis a mediano y largo plazo permitiría comprobar que estaríamos ahorrando dinero.

Para hacer una política efectiva necesitamos indicadores y esa es la gran deuda de América Latina. No tenemos indicadores ni de gestión ni de impacto. ¿Sabemos cuánto nos ahorramos en recursos naturales si le compramos a este proveedor y no a aquel? De todos modos, quiero destacar una iniciativa: la Sigen (Sindicatura General de la Nación) junto con la Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente, en el 2020 diseñaron un Índice de Seguimiento y Sostenibilidad (Issos) y uno de los ejes considerados es el de las CPS. En base a eso le ponen bandera roja, amarilla o verde a cada organismo del Estado y hacen recomendaciones para mejorar la implementación de compras sostenibles.

Este año se dictó el decreto 31/2023, que sostiene que las compras sostenibles son uno de los puntos estratégicos. En ese marco, el Ministerio de Ambiente dictó una resolución estableciendo indicadores de corto y largo plazo y la ONC contribuyó en su elaboración. Dentro de los puntos está la capacitación de empleados públicos y proveedores.

Asimismo, hay un montón de herramientas con las que cuenta el sistema de compras nacional para ahorrar dinero con CPS. Por ejemplo, los acuerdos marco, que es cuando la ONC compra para toda la administración pública y se consiguen bienes más sostenibles e incluso más baratos que los no sostenibles por comprar en mayor proporción. Lo mismo pasa cuando recurrimos a lo que se llama compra consolidada, cuando varios ministerios se unen para comprar algo, logramos reducciones en los costos. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc) utiliza esa metodología para comprar bienes más sostenibles a un precio inferior. Muchas provincias ya tienen desarrolladas en sus propias jurisdicciones acuerdos marco y compras consolidadas e incorporaron en su legislación criterios ambientales y sociales.

– ¿En qué situación está la Argentina respecto de otros países?

– Argentina ha sido pionera con la sanción en 2012 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 893), que impuso un capítulo sobre compra pública sostenible. Lamentablemente, con el decreto 1030 de 2016, fue modificado y se eliminó ese capítulo, aunque quedaron artículos relacionados.

El Mercosur tiene normativa en la que le pide a los países que trabajen en compras sostenibles. Brasil tiene una fuerte política en ese aspecto, en especial con las pymes y sus proveedores sí o sí tiene que cumplir con esas variables.

En general, América Latina viene trabajando más en criterios sociales que ambientales, a la inversa de la Unión Europea. La OEA tiene un grupo de trabajo sobre compras sostenibles en el Marco de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). Me tocó de manera personal realizar un trabajo con diferentes referentes de compras públicas sostenibles de toda América Latina y en diciembre de 2021 vio la luz la directiva modelo de compras públicas sostenibles para la región, en la que hemos recogido los aciertos y los fracasos. Cualquier país que no tenga una normativa en la materia la puede adaptar y llevarla a su normativa interna.

– ¿No hay una evaluación, aunque sea aproximada, del ahorro que implicaría la generalización de las CPS?

– A nivel nacional no hay estudios. Cuando se habla de compras sostenibles está el principio de necesidad justificada, si lo que está comprando la administración realmente es necesario o se puede recurrir a otros mecanismos.

Por ejemplo, en la Ramcc se unieron varios municipios para comprar maquinaria vial que usan muy pocas veces al año. Evalúan la obsolescencia programada, su precio, el tiempo que queda su uso, me parece una excelente iniciativa para prescindir de compras innecesarias. Es importante que nuestros presupuestos empiecen a tener rotuladas las compras sostenibles para saber cuánto invertimos en ellas y cómo alinear las políticas de Estado.

Adjudicar a un proveedor que no tiene políticas de inclusión de personas con discapacidad o por la promoción de las mujeres, es adjudicar a alguien que no está alineado con la política nacional. Tenemos que ser coherentes en los mensajes que trasladamos y más cuanto tenemos que ejecutar ese gasto que tiene que ser eficiente, eficaz y también sostenible.

La Nación y las provincias tienen el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en el que cada ministerio tiene que informar qué tiene proyectado para comprar el año siguiente. En estos momentos no tenemos incorporados en el PAC qué criterios de sustentabilidad se van a aplicar, por eso estamos trabajando para que se incorporen criterios ambientales y sociales.