La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pidió “ser claros” respecto de las tomas de tierras al remarcar que se tratan de un “delito” y dijo que “en democracia no podemos volver a permitirnos un caso como el de Rafael Nahuel”, el joven que murió en 2017 durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de la toma.

“Hay que ser claros: la toma de tierras es un delito”, definió la funcionaria provincial en declaraciones a CNN Radio.

Al hablar sobre la problemática en el ámbito de su provincia, diferenció la ocupación de terrenos que se produce en Villa Mascardi respecto de la de la zona de El Bolsón.

“Son profundamente distintas”, dijo; tras puntualizar que en el primer caso “los tomadores tienen una actitud violenta” y “reivindican cuestiones que tienen que ver con los mapuches”.

“Las tomas en Villa Mascardi y en El Bolsón son profundamente distintas. En Villa Mascardi los tomadores tienen una actitud violenta, están encapuchados y reivindican algunas cuestiones que tiene que ver con los mapuches”, aseveró.

No obstante, aclaró que en ambos casos se trata de “tierras nacionales” y que “si bien son un delito, en democracia no podemos volver a permitirnos que pase una tragedia como la muerte de Rafael Nahuel, que se dio en el marco de una toma”.

Por otra parte, dijo que si bien las autoridades locales “todavía no hablamos de las tomas en Río Negro con el Presidente (Alberto Fernández), es un tema que estamos siguiendo con su Gabinete”.

Para Cabreras, “hay un problema habitacional en la Argentina y muchas personas que no logran acceder a su casa pero también hay un problema de seguridad e ilegalidad”.

El conflicto en la zona de Villa Mascardi se inició en 2017, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron tierras pertenecientes en su mayoría al Parque Nacional Nahuel Huapi. Hoy ocupan una superficie de unas 60 hectáreas.

El Gobierno mantiene reuniones con actores involucrados en la toma de tierras con el objetivo de fijar condiciones para un futuro acuerdo que permita poner fin a este conflicto, que lleva más de tres años.

De las reuniones participan funcionarios nacionales de los ministerios de Justicia y Seguridad, representantes del Gobierno provincial y local, y los abogados de la comunidad mapuche que protagoniza las tomas, quienes presentaron una serie de condiciones.

En el caso de El Bolsón, se trata de 140 familias que ocuparon una Reserva Forestal y abarcan 60 hectáreas.