Un matrimonio y su hijo fueron detenidos, acusados del delito de trata con fines de explotación laboral, luego de una inspección judicial realizada en dos campos situados a la altura del camino “El Chajá” de la ruta 226.

Los lugares habían sido allanados días atrás y se encontraron a nueve personas, todas de nacionalidad boliviana.

Participaron en la causa el fiscal Nicolás Czizik, el juez Santiago Inchausti y operadoras de asistencia a las víctimas, que se entrevistaron con las familias que allí viven y trabajan.

Las víctimas vivían en casas precarias, tenían un baño en común para todos, no tenían agua caliente y la ducha funcionaba con un aparato eléctrico, el cual tenía la conexión de cables a la vista, lo que representaba un riesgo de electrocución.

Los trabajadores manifestaron que cobraban su sueldo a porcentaje (un 25% por bulto o cajón) aunque el precio lo definía del dueño del campo cuando llevaba lo cosechado al Mercado Central.

“Si no sacamos nada, no ganamos nada” expresó uno de ellos. A su vez, aseguraron que no tenían horario fijo de trabajo. En época de cosecha, la jornada podía extenderse 12 horas o más. Ninguno de ellos estaba registrado ante los organismos correspondientes, por lo que no tenían acceso a jubilación y obra social, entre otros beneficios sociales.