El intendente Carlos Arroyo decidió defender él mismo a su pareja, la subsecretaria de Educación de la comuna, Susana Rivero, frente a las denuncias por la designación de amigos y parientes dentro de esa dependencia recurriendo al uso de módulos horarios destinados a la cobertura de cargos docentes en escuelas.

Algo contrariado por las acusaciones, el jefe comunal mantuvo esta mañana un breve contacto con algunos periodistas en el hall del Palacio Municipal donde aseguró que las denuncias formuladas contra Rivero y la titular del área, Ana María Crovetto “son todas mentiras”.

Como principal argumento desmintió el dato de que una de las personas designadas mediante este mecanismo, Pamela Pal, se la nuera de su pareja.

“La señora subsecretaria no tiene ninguna nuera lo cual muestra hasta dónde llega la mentira de algunos medios de Mar del Plata”, afirmó en radio Mitre.

Pal, a quien todos en la Secretaría de Educación conocen como “la nuera de Rivero” es una joven designada a través del decreto 204 firmado por Arroyo con fecha del 17 de febrero, y según contaron distintas fuentes, se desempeña como asistente de la subsecretaria.

Ante la prensa el intendente negó hoy esa relación de parentesco. Según pudo saber LA CAPITAL, al hacerse pública su situación la joven comentó ante algunos allegados que desde hace algún tiempo ya no es más la pareja del hijo de la funcionaria. De ser así y en función de una circunstancia sentimental, en ese punto el intendente tendría razón.

“En las próximas horas realizaremos una conferencia de prensa para explicar la situación”, prometió Arroyo.

El caso de Pal se convirtió en paradigmático.  Su situación fue dada a conocer por el sitio loquepasa.net a partir de una denuncia proveniente del Instituto Almafuerte, desde donde se venía reclamando por la designación de docentes para poder desdoblar cursos superpoblados.

En medio de ese reclamo y ante la negativa de la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, de adoptar esa medida, la institución recibió este mes los recibos de sueldo de su personal, entre los cuales figuraba el de una profesora a la que nadie conocía.

Se trataba de Pal, quien si bien nunca había dictado clases en el establecimiento figuraba como profesora de enseñanza artística, percibiendo un salario superior a los 22 mil pesos financiado con 10 módulos asignados a la institución.

Luego de eso el Sindicato de Trabajadores Municipales incorporó nuevas denuncias, haciendo saber que dentro de la Secretaría de Educación existen otros funcionarios políticos cuyos sueldos estarían siendo financiados con recursos originalmente destinados a cubrir cargos docentes en escuelas en las cuales están siendo reclamadas designaciones.

El gremio puso la lupa sobre al menos otras 4 personas recientemente ingresadas a la Secretaría, entre las cuales figuran la sobrina de Crovetto, la contadora Eelonora Sasso, el abogado Alberto Misino -ex docente de la Media 2 que dirigía Arroyo-, Daniela Pagani y María Belén Gómez.

Según la denuncia, sus sueldos estarían siendo pagados con módulos horarios docentes que sólo pueden ser asignados mediante procesos de concurso y asambleas públicas, requisitos que en estos casos no se habrían cumplido.

Las acusaciones acerca del desvío de estos fondos motivaron que en el Concejo Deliberante comenzara a gestarse la posibilidad de que Crovetto y Rivero sean interpeladas.

Por lo pronto el Frente Renovador y el Frente para la Victoria ya presentaron pedidos de informes reclamando explicaciones y solicitaron la presencia de las funcionarias en la comisión de Educación del Concejo Deliberante.

Desde que las denuncias comenzaron a ser descriptas por distintos medios de prensa locales, ningún funcionario o concejal del oficialismo salió en defensa de las titulares de Educación. Por el contrario, en varios casos reconocieron en voz baja que resultará complejo sostenerlas.

En medio de ese silencio, quien decidió dar un paso al frente fue el propio Arroyo. “Todo esto son temas más armados que reales”, sostuvo.