El ex intendente Carlos Arroyo presentó en la Justicia una demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad para que se le abonen las vacaciones no gozadas durante el último año de gestión.

El ex jefe comunal busca que se revoque en sede judicial, “en orden a consideraciones de hecho y de derecho”, el decreto 246/2021 del 5 de febrero, mediante el que el municipio rechazó su reclamo.

Arroyo, representado por el abogado César Benvenuto (el mismo que defendió a Gustavo Demarchi, fallecido en febrero mientras cumplía condena por crímenes de lesa humanidad), señaló que la decisión de la comuna fue “un acto administrativo viciado de legitimidad y arbitrariedad manifiestas” que afecta sus derechos “subjetivos y patrimoniales”.

Agregó que “el no goce en forma efectiva de la licencia por descanso anual no fue una decisión voluntaria para obtener un beneficio económico, sino la consecuencia necesaria de las exigencias de la función que impidieron por razones de servicio gozar en forma efectiva de ese beneficio”.

El decreto 246, firmada por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, precisa que la compensación planteada por el ex jefe comunal “se refiere a la licencia anual o por vacaciones correspondientes al último año calendario y que no fueron gozadas a causa del cese del agente, puesto que siendo la referida licencia de obligatorio cumplimiento, se pierde todo derecho a su uso vencido el plazo acordado por la ley a ese efecto, sin que la misma norma establezca compensación o indemnización sustitutiva”.

En ese sentido, la Subsecretaría Legal y Técnica había emitido un dictamen en el que sostenía que “no existe constancia de que Carlos Arroyo haya solicitado las licencias en cuestión”. Y agregó que, tras consultar el registro de normativa del Concejo Deliberante, “no surge acto administrativo alguno emanado de ese Cuerpo Legislativo autorizando licencias solicitadas por el ex intendente, como tampoco denegatorias por razones de servicio”.

Según cálculos de la administración de Montenegro, el monto de la licencia no gozada de Arroyo sería de alrededor de $ 1 millón más intereses. Más allá de los argumentos administrativos, desde el plano político el gobierno local había calificado de “inoportuno” el reclamo debido a que las arcas del municipio están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

“Incurriríamos en un abuso desmedido si permitiéramos que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, causándole un perjuicio económico directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los emolumentos con el pago de sus impuestos”, alegó el municipio.

“No existe duda alguna de que las vacaciones, como regla general, deben ser gozadas y no compensadas en dinero”, agregó, y admitió que “es cierto que en el instituto del derecho laboral argentino aquellas personas que no son despedidas por el empleador tienen derecho a percibir las vacaciones no gozadas correspondientes al período en que el mismo se produce”.

Sin embargo, “ello no sucede con un cargo político”. “Carlos Fernando Arroyo conocía plenamente que su mandato comenzaba el 10 de diciembre de 2015 y que concluía el 10 de diciembre de 2019, por lo cual debió prever la situación”, apuntó.