Consciente de las dificultades políticas por las que atraviesa su gobierno, el intendente Carlos Arroyo decidió reclamar el apoyo de los concejales para tratar de aprobar el controvertido proyecto de ordenanza que autoriza a instalar un sistema de fotomultas.

La iniciativa no sólo es rechazada por toda la oposición. También cosecha críticas entre algunos de los integrantes del interbloque de Cambiemos, quienes ya dejaron trascender que no lo apoyarán.

Sin los votos necesarios para que la propuesta prospere, ayer el intendente dedicó varios minutos de una conferencia de prensa a defender el proyecto.

Dijo que el uso de este sistema ayudará a “salvar vidas“. Además, junto al secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, aclaró que su intención no es la de implementarlo con fines “recaudatorios”.
De este modo trató de hacer pasar al olvido el razonamiento con el que en su momento había anunciado la medida. “Vamos a ser millonarios. Dentro de dos o tres años vamos a prestarle nosotros plata a la Provincia”, había dicho con entusiasmo en el mes de junio, cuando aseguró que gracias a las fotomulas, el municipio mejoraría notablemente sus ingresos.

Ante la posibilidad cierta de que ahora la iniciativa fracase, Arroyo apeló a los concejales con otro argumento.

“El proyecto tiene como principio básico y fundamental salvar vidas humanas“, aseguró. Y se dirigió de manera especial hacia los concejales del oficialismo que se niegan a acompañarlo, algunos de los cuales este lunes frenaron su tratamiento en la comisión de Legislación.

“Yo tengo que apelar a la conciencia de cada uno. Yo no le voy a exigir nada a nadie. Cada uno es responsable del cargo que tiene. Se hará lo que quiera la mayoría. Pero también quien vote tendrá que asumir la responsabilidad de lo que haga. Yo quiero salvar vidas humanas, pero si no quieren salvarlas, bueno…”, razonó.

Ante los periodistas, Arroyo destacó que el sistema ya se utiliza en “70 municipios” e intentó rebatir algunas de las críticas de quienes no están de acuerdo con la iniciativa.

Tras considerar que el trámite legislativo “está dando muchas vueltas“, defendió las condiciones del acuerdo que su gobierno firmó con la Universidad Tecnológica Nacional.

“Sepan que la Municipalidad no pone un peso, me parece casi absurdo estar esquivando su aprobación”, sostuvo.
Así intentó defender la razonabilidad de la cláusula que establece que por proveer los equipos la UTN recibirá el 40% de lo que se recaude, el municipio otro 40% y la Provincia el 20% restante.

En la oposición hay pleno desacuerdo con aceptar estas cifras.
Por ejemplo esta semana el jefe del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini, aseguró que para que su bancada apoye la iniciativa, la comuna debería quedarse con al menos el 60% de los fondos generados por las multas.
Los concejales no sólo pusieron en cuestión la forma en la que está previsto distribuir los ingresos. También criticaron que para firmar el acuerdo con la UTN Arroyo haya cancelado el proceso de licitación que estaba en marcha desde la gestión del ex intendente Gustavo Pulti.

En ese pliego se preveía que la empresa que resultara adjudicataria se quedaría sólo con el 16% de los fondos provenientes de las infracciones.

“Lo que no dicen los concejales es que la municipalidad tenía que invertir una suma millonaria para ponerlo en funcionamiento y que los controles de la empresa que se presentó, aparentemente favorita de la administración anterior, eran la mitad de los se quieren imponer ahora”, se defendió el jefe comunal.

Además consideró que entre un caso y el otro existe otra gran diferencia. Resaltó que en uno el sistema quedaría en manos de una empresa privada y que con su propuesta, la idea es que quede a cargo de una “universidad nacional”.