La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó nuevamente otorgar prisión domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1° de septiembre último, tras señalar que existen “riesgos procesales” que impedirían morigerar la modalidad de su detención.

“Considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado”, sostuvo la magistrada en un fallo de 6 páginas firmado ayer.

Se trata de un segundo intento realizado por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, presentado el 23 de enero último bajo el pretexto de que el procesamiento de su defendido se encuentra firme pero “su detención con carácter cautelar se tornaba de prolongación incierta”.

Para este nuevo intento, su abogado defensor propuso que sea enviado a la casa de su supuesta pareja con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre pasado.

Pero del estudio socio ambiental que le realizaron surgió “la convivencia se encontraría en una etapa incipiente” y “se habría desarrollado solamente algunos días previos a su detención”.

La profesional que realizó la entrevistas para el caso relató también que “la relación dataría de hace poco más de un año, y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese periodo”, según surge del fallo de Capuchetti.

Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio: ante la justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve a Fernando Sabag Montiel -el hombre que intentó cometer el atentado-, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.

Sin nuevos argumentos

Al rechazar el nuevo pedido para acceder a la detención domiciliaria, la jueza sostuvo que “no se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que se proceda” a ese beneficio, a la vez que sostuvo que “no se ha incorporado en esta incidencia elemento probatorio o desarrollado circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente”.

“Los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes, y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso”, respondió la jueza al planteo de la defensa de Carrizo.

“No obstante ello -continuó-, el arresto domiciliario no resulta el instituto para dirimir tales pretensiones, máxime siendo que el tiempo de detención preventiva que viene sufriendo Carrizo no luce desproporcionado en relación a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto (Ley 25430)”.

La jueza también invocó en su fallo la opinión del ministerio público fiscal que “dictaminó que no debía acogerse favorablemente lo peticionado por Nicolás Gabriel Carrizo, resaltando que no se introdujeron nuevos argumentos a los oportunamente evaluados por la Alzada con fecha 14/12/22”.

“El tenor de las comunicaciones halladas en el teléfono celular que le fuera incautado, sumado a la gravedad institucional de los hechos pesquisados y a la expectativa de pena para los delitos que se le achacan, resultan indicadores de entidad suficiente para mantener el encierro cautelar del encartado, ya que conforman un cuadro objetivo suficiente para afirmar que existen riesgos procesales de fuga”, había opinado la fiscalía.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo en las horas posteriores a que Sabag Monitel intentara asesinar a la vicepresidenta.

Por esta causa también está detenida procesada como coautora Brenda Uliarte, supuesta pareja de Sabag Montiel, quien estaba con el en las inmediaciones del edificio que habitaba la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, el día que intentaron matarla.

Análisis de mensajes

En tanto, la Justicia ordenó ayer analizar los mensajes de dos asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman desde el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022, en relación a la pista en la cual se lo investiga en la causa por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña que dispuso ampliar el lapso temporal del análisis de los teléfonos celulares de las asesoras de Milman, al hacer lugar a un planteo de la querella de la Vicepresidenta, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en la cual se negó a ampliar el período de análisis pericial, limitado por ella a los días posteriores al 30 de agosto.

En esa fecha y dos días antes del intento de asesinato, un testigo declaró haber escuchado decir a Milman en el bar Casablanca, cercano al Congreso Nacional, “cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.

Milman negó haber hecho ese comentario y dos asesoras que admitieron haber estado con él en ese momento en Casablanca, también rechazaron ante la Justicia haberlo escuchado pronunciar esos dichos.

El 1° de diciembre pasado, ambas se presentaron en los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración y entregaron sus teléfonos celulares pero una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, dijo al fiscal Carlos Rívolo que cambió el aparato.

La otra, Ivana Bohdziewicz le adelantó que borró todos los mensajes, entre ellos sus conversaciones con Milman.

“Quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos intimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré”, dijo en esa declaración de diciembre.

Las declaraciones se dieron en el marco de la denominada “pista Milman”, en la que se investiga si efectivamente el diputado de JxC tenía conocimiento de que el 1 de septiembre se produciría un ataque a Fernández de Kirchner en inmediaciones de su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

La pericia deberá ser realizada “tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, advirtieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia del tercer integrante de la sala I del Tribunal, Mariano Llorens.