En el marco de una investigación desarrollada por la Oficina de Narcocriminalidad, se formalizó la imputación contra siete personas acusadas de conformar una banda delictiva inicialmente investigada por comercio de estupefacientes, cuya operatoria acreditó la presunta conformación de una asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, dedicada al narcotráfico, robos violentos y tráfico de armas. La pesquisa determinó que los presuntos líderes dirigían las maniobras desde unidades penitenciarias de Batán.

Según la acusación, la banda no solo se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, sino que también desplegaba un abanico de actividades delictivas que incluían robos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y distintos hechos de violencia.

En ese marco, los imputados fueron encuadrados en la figura de asociación ilícita agravada bajo la modalidad de “organización criminal”, prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la denominada “Ley Antimafia” sancionada en 2025. La investigación estableció que la estructura funcionaba de manera organizada y jerárquica, con roles definidos entre sus integrantes.

De acuerdo con la fiscalía, la conducción estaba en manos de una pareja que se encontraba detenida: el hombre alojado en la Unidad Penal 44 y la mujer en la Unidad Penal 50, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán. Desde allí, coordinaban la distribución de marihuana y cocaína en distintos puntos de la ciudad.

La organización fue desarticulada tras una serie de 23 allanamientos realizados el 14 de abril, en los que se secuestraron drogas, siete armas de fuego —incluyendo armas largas semiautomáticas—, municiones, cinco vehículos, autopartes y celulares.

En uno de los procedimientos incluso se hallaron vehículos con pedido de secuestro activo y armas con la numeración limada. Además, cuatro de los imputados fueron acusados por tenencia ilegal de armas de guerra, mientras que todos enfrentan cargos por comercio de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737.

El juez Inchausti convalidó las detenciones y los secuestros, y dispuso la prisión preventiva de los imputados por 120 días, plazo fijado también para el avance de la investigación. No obstante, en el caso de una de las mujeres y de un menor de edad, la medida fue establecida por 30 días.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado también ordenó restringir el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación no autorizados dentro de las unidades penitenciarias, al considerar que estos habrían sido clave para coordinar las maniobras delictivas. En ese sentido, al principal acusado se le incautaron siete teléfonos en su celda.

La causa se inició a fines de septiembre de 2025 a partir de información aportada bajo reserva de identidad y fue profundizada mediante tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas. Esas escuchas permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la organización y detectar maniobras para evadir controles, así como operaciones vinculadas al comercio de drogas, armas y bienes robados.

Los investigadores sostienen que se trataba de una estructura cerrada, con fuerte base familiar, que operaba en distintos barrios de la ciudad y que financiaba su actividad a través de movimientos bancarios destinados a sostener el circuito de abastecimiento de estupefacientes.