La Fiscalía General respaldó la desestimación de una denuncia contra los funcionarios y concejales que impulsaron la ordenanza que autorizó el uso de un predio lindero al Faro de la Memoria para la instalación de un bar de gin.

El fiscal general adjunto, Marcos Pagella, señaló en los argumentos de la resolución que “los motivos por los cuales se ha realizado la cesión de un predio contiguo a un área protegida por leyes nacionales y provinciales de la memoria no constituyen un accionar de por sí ilícito penal, en tanto se ha cumplido con los requisitos legales en el trámite administrativo previsto por la normativa aplicable y en ejercicio de las atribuciones que a cada órgano municipal le corresponde (Ley Orgánica de las Municipalidades)”.

La ordenanza en cuestión, aprobada el 8 de agosto de 2024, autorizó el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia” a la asociación vecinal de fomento Faro Norte. También avaló la cesión a un tercero y fijó como uso de suelo admitido “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación”.

Según el fiscal general adjunto, que compartió la decisión de los fiscales David Bruna y Pablo Lódola, “ha quedado claramente establecido que, en cuanto a aspecto catastral se refiere, no se trata de un predio alcanzado por las leyes 27.127, 26.691 y 13.836, sino uno catastral y registralmente distinto que estaba excluido de dicha normativa especial”.

Puntualizó que “se hizo un camino administrativo cumpliendo pasos legalmente previstos, en tanto a partir de la presentación de la asociación vecinal Faro Norte, en conjunto con el proyecto Burbarrel SA, se dio intervención a las diversas áreas municipales (Secretaría de Legal y Técnica, Subsecretaría de Inspección General), se realizó un proyecto de ordenanza en el cual se admitía el convenio de uso precario entre la asociación vecinal y el municipio con la posibilidad de cederlo total o parcialmente”.

Luego “ante el Concejo Deliberante se continuó el trámite, puesto que se dio pase a las Comisiones de Obras Públicas y Planeamiento y a la de Legislación e Interpretación”.

El fiscal sostuvo que la ciudadanía “puede o no concordar con el objeto de utilización del predio que es cercano y parte de un sector donde ocurrieron hechos de una historia dolorosa/oscura de nuestro país, puede estar o no de acuerdo con la forma legal adoptada mediante un convenio con una asociación vecinal de fomento y no la explotación directa, por ejemplo, por el municipio, o con la intervención de una firma privada que se compromete a abonar un canon a cambio de la explotación del espacio cedido, pero ello no implica un incumplimiento doloso de leyes y reglamentos en cabeza de los funcionarios públicos que dieron lugar a la Ordenanza 26400″.

El fiscal insiste en que “el reproche moral que se puede hacer por utilizar un espacio público circundante a lugares donde se vivió una trama de las más oscuras y dañosas para nuestra historia, con las implicancias ideológicas que se puedan contraponer y que fueron debatidas en el Concejo Deliberante, no son una senda directa hacia una conducta penal típica o en otros términos con relevancia jurídico-penal”.

Por otra parte, señaló que hasta aquí no se advierte “perjuicio económico y patrimonial hacia las arcas del Estado”.

De esta manera, luego de que la justicia federal dejara sin efecto una medida cautelar de no innovar y avalara el inicio de las obras, la provincial convalidó los actos administrativos de los funcionarios y concejales actuantes.