Tras las presentación de varias denuncias sobre la existencia de graves errores e inconsistencias en los cálculos para determinar el último aumento del boleto y luego de que la Justicia ordenara la suspensión de esa medida, la gestión del intendente Carlos Arroyo ahora analiza cómo sostener el valor de la tarifa.
Para ello, y sin que haya mediado ningún pedido formal de parte de las empresas, el jefe comunal ya ordenó realizar un nuevo estudio de costos cuyo resultado podría determinar una una posible nueva suba.
El Ejecutivo no desconoce que ese incremento debería ser establecido en base a cuentas que estén libres de sospechas.
“El estudio de costos que se utilizó para aprobar el aumento del mes de diciembre no puede volver a ser utilizado por la Municipalidad. En todo caso ahora lo va a usar la Justicia para condenar a alguien”, le advirtió a LA CAPITAL un concejal que está siguiendo de cerca cómo evolucionan las denuncias que recayeron sobre el gobierno local.
Si bien el juez en lo contencioso y administrativo Marcelo Fernández dispuso suspender el último aumento por considerar que la ordenanza no obtuvo la “mayoría absoluta” requerida por la Ley Orgánica de las Municipalidades, existen muchos otros aspectos del trámite que son materia de investigación judicial.
Todos ellos están siendo considerados por Fernández así como por algunos funcionarios de la Justicia Federal Penal. Las investigaciones se centran en el contenido del estudio de costos que el Departamento Ejecutivo le remitió al Concejo Deliberante, cuando a finales del año pasado se debatía el aumento del boleto reclamado por los transportistas.
La medida se aprobó en medio de incidentes y luego de que a pesar de las quejas de la oposición, el expediente tuviera despacho durante una misma mañana en las comisiones de Transporte y de Legislación.
Con el correr de las horas, y antes de que el proyecto fuera votado por el plenario del Concejo Deliberante, comenzaron a surgir cuestionamientos hacia el informe de costos, los cuales fueron señalados por el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández (homónimo del juez) y los defensores del Pueblo, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta.
Este último le reveló esta semana a LA CAPITAL que luego de enviarle una nota señalándole las irregularidades detectadas en el documento, se tomó el trabajo de comunicarse telefónicamente con el presidente del Concejo, el arroyista Guillermo Sáenz Saralegui, para reiterarle sus inquietudes. Sin embargo sus advertencias no tuvieron eco.

Las irregularidades denunciadas

Tanto en la denuncia promovida por el abogado Julio Hikkilo en la Justicia Federal, como en el planteo realizado por Acción Marplatense ante el juez Marcelo Fernández, fueron descritas las mismas irregularidades.
Se hizo mención a que el estudio de costos debía ser investigado por la presunta alteración de los kilómetros recorridos, la presencia de errores en los cálculos y llamativas equivocaciones en algunas transcripciones, como las relacionadas con el IVA.
Uno de los puntos más relevantes se relaciona con que en distintos tramos del documento se hizo mención al uso por parte de las empresas de dos modelos de colectivo diferentes.
Al momento de calcular los gastos de combustible el informe menciona claramente que en Mar del Plata las unidades más difundidas son las Mercedes Benz OF 1418. Pero cuando fueron calculados los costos de depreciación del material rodante se hizo referencia a otro tipo de vehículo, el Mercedes Benz OF 1724, que casi no circula por la ciudad.
Para quienes promovieron la denuncia, este hecho, sumado a los anteriores “alteraron la ecuación” provocando que el valor de la tarifa terminara “sobrevaluado”.
Según el concejal Fernández, la confusión podría no haber sido fortuita ya que los OF 1724 tienen un mayor valor, lo que provoca que sus costos de mantenimiento también sean superiores.
Ahora la Justicia deberá determinar por qué motivo el estudio de costos contenía esta contradicción, la cual pone bajo la lupa a los funcionarios que realizaron el estudio, a los que lo elevaron al Concejo y a los concejales que pese a las advertencias, aprobaron la ordenanza.
En este contexto la gestión del intendente Carlos Arroyo se encuentra ahora frente a un dilema ya que de avanzar con un nuevo aumento del boleto debería volver a realizar cálculos oficiales y en ese caso corregir o convalidar la metodología que se utilizó para determinar el último aumento.