El Suteba General Pueyrredon rechazó la resolución que establece la recuperación de días de clases durante el receso invernal a la vez que consideró que “contradice la legislación actual”. El secretario general del Suteba local, Gustavo Santos Ibañez, descartó que la puesta en marcha de la medida “esté atada” a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo salarial con el gobierno provincial.

En diálogo con LA CAPITAL, el representante de los docentes criticó duramente la resolución 1131/17 que emitió la cartera educativa bonaerense para recuperar los días de clases por los paros docentes en el transcurso del receso invernal que comienza el 17 de julio próximo. A la vez que se mostró contra la postura del gobierno provincial que “tiene que ver con acotar el derecho a huelga” y “es un castigo a los trabajadores con esta supuesta intención de darle continuidad pedagógica a las acciones de aprendizaje”.

-¿Cuál es la postura del Suteba en torno a la resolución que indica la recuperación de días de clases?

-Nosotros como Suteba y el Frente de Unidad Docente, rechazamos de plano la resolución 1131/17. Entendemos que fue una acción punitiva del Estado que pretende acotar el libre ejercicio del derecho a huelga. Se presentó frente al Consejo Federal de Educación de la Provincia este proyecto para que sea avalado, pero lo rechazaron por cinco votos a dos. Sin embargo, siguen adelante. No obstante el Consejo fue muy claro diciendo que cuando hay un conflicto largo, quien tiene la responsabilidad de resolverlo que es el Estado provincial. Pero acá no se plantea la voluntad política de resolverlo, evidentemente este conflicto va a tener consecuencias.

-¿Cuáles son?

-Que no se cumplirán la cantidad de días de clases establecidos por ley, pero es el Estado el que debe garantizar la convocatoria a paritarias, el conflicto salarial y las condiciones de medio ambiente, trabajo y aprendizaje. Por lo tanto aplicar lo que ya está establecido en la normativa de educación que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, es redundante. En este legislación se establece que la continuidad pedagógica forma parte del proyecto de cada escuela. Uno no desconoce la situación y las consecuencias de un conflicto, pero es el Estado que tiene que resolver junto con los actores principales que somos los docentes, la aplicación de esta continuidad pedagógica. Existen los mecanismos, pero entendemos que hay una decisión política de la gobernadora Vidal de mostrar esta acción punitiva y de una supuesta fortaleza en un contexto electoral.

Sin ataduras

-Si en este período de tiempo se llega a un acuerdo salarial, ¿los gremios analizarían la posibilidad de que esta resolución se cumpla?

-No, en absoluto. Nosotros lo hemos rechazado de plano.

-Entonces, ¿no está atada una cosa con la otra?

-No porque carece de cualquier tipo de legalidad, tenemos muy en claro cuál es nuestra posición en torno al receso invernal y de verano. Estamos en disponibilidad en verano a partir de determinado período y en el invierno las vacaciones son para las alumnos, eso está claro. Pero esta resolución además de afectar a la familia, está en contra de toda la normativa y tiene que ver con acotar el derecho a huelga. Es un castigo que se quiere imponer a los trabajadores con esta supuesta intención de darle continuidad pedagógica a las acciones de aprendizaje. Hemos comunicado a la Dirección General de Cultura y Educación que no vamos a aceptar la resolución, que la estamos rechazando. Los docentes hemos firmado en disconformidad cuando nos han presentado la resolución en las escuelas.

Es más, la DGCyE dio algunos pasos atrás porque aparentemente ahora no se recuperarían esos cinco días sino que se podrían llegar a instrumentar mecanismos de recuperación con módulos que los docentes deberían hacer. Es todo un acting que están haciendo que ni siquiera plantean cómo se va a llevar adelante.

-Siendo que falta menos de un mes para el inicio del receso invernal parece difícil visualizar la puesta en marcha de estos mecanismos de recuperación…

-Sí, pretenden presentarse con la vara en la mano disciplinando a los trabajadores. Han tomado a los sindicatos docentes como chivo expiatorio de una política de fuerte ajuste presupuestario. El pasado viernes el Ministerio de Educación nacional convocó a los sindicatos nacionales a una reunión para tratar el tema de la formación docente, esto fue rechazado porque primero hay que discutir la paritaria, las condiciones de trabajo y las políticas educativas. Pero el gobierno con la medida de no convocar a la paritaria nacional, está violando la ley y pretende seguir con una actitud autista de llamar a discutir la formación docente cuando eso se habla en paritarias. Este modelo a nivel nacional se traslada a la provincia de Buenos Aires de instalar un debate y discusión frente a la sociedad que no es cierto y que deja afuera a los trabajadores.

Conflicto salarial

-¿Hay algunas luz que indique que la cuestión salarial llegue a buen puerto antes del receso?

-Lamentablemente la gobernadora Vidal ha decidido confrontar con los docentes de la Provincia, desfinanciar la política de la escuela pública, sino no se entienden los 16533 millones recortados a la educación que hubiese posibilitado resolver la paritaria salarial, la inversión de infraestructura, el tema de calefacción y otras cuestiones. La semana pasada, tras más de un mes sin reuniones, nos hacen una nueva propuesta del 21% que es insuficiente. En ese momento, se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de un legislador de Mar del Plata que pretende que se declare a la educación como un servicio público y esencial. Para aquellos que nos acusan de ser políticamente partidarios, en el 2014 Mariotto también presentó un proyecto similar, ahora vuelven a la carga con esto. Con esto digo que el gobierno en vez de llamar a la mesa y hablar de las cuestiones que importan y resolver el conflicto, fogonea cada vez más. Entendemos que la fortaleza del Frente Gremial Docente y del Frente Unidad es la que demuestra el convencimiento y nos va a llevar a obtener lo que es un salario justo. No es casualidad que en Mar del Plata durante la última medida de fuerza hubo un 90% de adhesión.