El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, pidió a la Suprema Corte de Justicia que anule el fallo del Tribunal de Casación que ordenaba la realización de un segundo juicio a los tres jóvenes absueltos por un jurado popular en el marco del caso del camping El Durazno.

El jefe de los fiscales bonaerenses emitió un dictamen de 12 páginas al que accedió LA CAPITAL en el que sostuvo, como lo habían hecho varios especialistas, que el veredicto al que llegan los ciudadanos en este tipo de debates es irrecurrible.

El principal punto por el cual el Tribunal de Casación consideró que debía realizarse un nuevo juicio lo había planteado el abogado Maximiliano Orsini, representante de la familia de la adolescente que había denunciado el abuso sexual ese 1 de enero de 2019, y estaba vinculado a la polémica surgida de la supuesta negación del juez Fabián Riquert a que en la deliberación interviniera la asesora de menores e incapaces.

En ese sentido, Conte Grand manifestó que “más allá de lo expuesto, cabe señalar que conforme se desprende de las constancias de la causa la asesora de incapaces participó del debate y estuvo presente al momento de declarar la víctima menor”. Es decir, desechó el planteamiento del letrado y también de los magistrados Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, miembros de la Sala III de Casación.

El fallo de Borinsky y Violini que hizo lugar al planteo de Orsini se produjo hace dos años, en diciembre de 2021, dos meses después de que un jurado popular declarara no culpables a Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. Entonces, los abogados de los jóvenes, Noelia Agüero y Martín Bernat, presentaron una queja ante la Suprema Corte bonaerense, que debe definir lo que ocurrirá con la causa.

En agosto, una lista de prestigiosos abogados, magistrados y juristas cuestionaron la posible realización de un nuevo juicio por el caso. Lo hicieron bajo la figura de “amicus curiae”, que contempla por ley la posibilidad de que expertos en distintas temáticas puedan dar su visión respecto de situaciones judiciales polémicas.

Entre ellos, firmaron Alberto Binder (Inecip), Héctor Granillo Fernández (AAJJ), Rosario Sánchez (CALP), Maximiliano Rusconi, Roberto Gargarella, Silvina Ramírez, Patricia Cóppola, Alberto Bovino (No hay Derecho), Mariana Maldonado (Aapdpp), Edmundo Hendler, Martín Sabelli (Escuela Latinoamericana de Defensores), Silvina Manes, Sidonie Porterie, Aldana Romano, Alfredo Pérez Galimberti, Eleonora Devoto, Fernando Ávila (APP), la líder de víctimas de delitos aberrantes de Entre Ríos, Carla Cusimano (Vidaer), Sebastián Narvaja (Escuela Latinoamericana de Fiscales), Rita Mill de Pereyra, Juan Galarreta (Red de Jueces Penales Bonaerenses), Patricio Maraniello y Claudia Marinelli (AAJC), Julio de Olazábal, José Raúl Heredia, Alejandro Cascio, Vanina Almeida, Natalí Chizik, Denise Bakrokar, Gabriela Aromí de Sommer, Deborah Huczek, Marcela Dimundo, Ricardo Cavallero, Luis Cevasco, Víctor Vélez, Pedro Roldán Vázquez y muchos más profesores y rectores de universidades de todo el país. Todos ellos fueron patrocinados bajo la figura de “amicus curiae” por Felipe Granillo Fernández.

A esa lista se sumaron a comienzos de este mes los jueces del juicio a las Juntas Militares, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra.

El caso

El polémico caso ocurrió en el camping “El Durazno” de Miramar durante la madrugada del 1 de enero de 2019 y alcanzo repercusión en la prensa nacional.

Tras los festejos por el Año Nuevo, cerca de las 6 de la mañana la adolescente de 14 años fue buscada por su padres, quienes estaban alarmados porque no había regresado al sitio donde se alojaba la familia, y encontrada en el interior de una carpa azul ubicada junto a una combi marca Renault Traffic.

Según la denuncia posterior, la menor estaba acompañada de más de un joven. No trascendió entonces cuántos eran. Desde las primeras horas los cinco marplatenses quedaron detenidos, pero semanas más tarde, con el arribo de los estudios de ADN (y el relato de los imputados), dos de ellos quedaron en libertad y los sobreseyeron.

La ciencia forense determinó que había semen de Pitman en el cuerpo o prendas de la menor, quien a su vez reconoció a Villalba como otro de los que había tenido relaciones sexuales con ella. Respecto a Jaime, fue él mismo el que admitió -como Pitman- que había participado pero que el contacto había sido consentido.

El 22 de enero siguiente, al vencerse el plazo para solicitar la prisión preventiva de los imputados, la Justicia decidió que dos de ellos recuperasen la libertad y fueran sobreseídos y apartados de la causa. En tanto, tres meses después concedieron el arresto domiciliario a Jaime, Pitman y Villalba.

En septiembre de 2021, se llevó a cabo el mencionado el juicio por jurados, modalidad elegida por los tres acusados, y doce ciudadanos civiles concluyeron que eran “no culpables”.