Por Fernando del Rio

Alejandro Salaberry Gabarain es considerado uno de los autores del asesinato del policía Cristian Augusti durante un asalto en el año 2003 en Mar del Plata. Tras ocultarse durante casi 16 años,  en los que integró la lista de prófugos más buscados del país, en 2019 se presentó en Tribunales a firmar su sobreseimiento por prescripción de la acción penal. La Justicia de Mar del Plata se lo otorgó, pero menos de dos semanas después supo que todo se trataba de un gran error y que Salaberry había logrado vencer al sistema al cambiar su identidad.

Ahora hay una batalla contrarreloj para aspirar a una proeza jurídica: revertir ese sobreseimiento.

Días atrás, el pasado 11 de julio,  Salaberry fue detenido al asistir a vacunarse en el museo Mar. Estaba enfermo, demacrado por una enfermedad oncológica que, según informes médicos, está en una evolución muy avanzada. La detención de Salaberry, ejecutada por la misma división de la DDI Mar del Plata a la que pertenecía Agusti, obedeció a una causa radicada en la fiscalía de Morón y es ese expediente  el que da lugar ahora a un último intento judicial por revertir aquel sobreseimiento que, aunque ajustado a derecho, puede configurar lo que en derecho se conoce como cosa juzgada írrita. Una sentencia que está firme pero por error.

La historia de estas desavenencias comenzó gracias a una publicación del diario LA CAPITAL el 11 de julio pero de 2019 en la que se narraba la presentación de Salaberry en Tribunales para firmar su sobreseimiento. Si bien el 31 de mayo la Justicia local (fiscal Leandro Arévalo y jueza Rosa Frende) había dictado el sobreseimiento, restaba la confirmación con la presencia de Salaberry, quien recién acudió el 10 de julio. Al día siguiente salió publicado el artículo que se difundiría por medios nacionales en pocas horas. Así fue como Ernesto Aragón y su esposa se enteraron que ese hombre al que en los diarios llamaban Alejandro Salaberry era su violento vecino, al que habían denunciado en el año 2018 por amenazas calificadas y tentativa de homicidio.  Pero en realidad, ellos lo conocían como Lucas Lamas y con ese nombre también figuraba en la causa radicada en la fiscalía N°5 de Morón.

El 23 de julio de 2019 la fiscal Marisa Monti envió un oficio a la Justicia de Mar del Plata en el que se revelaba la situación: “Hago saber que en el marco de la presente investigación, en el día de la fecha se le recibió declaración testimonial a la cónyuge de la víctima, la cual refirió que tanto ella como su marido reconocen al sindicado como su vecino de nombre Lucas Lamas, quien vivió durante 11 años aproximadamente en la finca lindera y además quien amenazó contra la vida de Aragón el 15 de octubre de 2018 en calle Araza, de Parque San Martín, partido de Merlo”.

Para entonces “Lucas Lamas” estaba imputado de esos delitos y de otra amenaza calificada en el año 2010, por colocarle una pistola en la cabeza a una mujer. Por registros hallados en un allanamiento se tiene la certeza de que Salaberry usaba esa identidad, perteneciente a un miembro de Gendarmería Nacional, desde 2009. Se cree que entre 2003 y 2009 solo se mantuvo oculto, sin una nueva vida “blanqueada”.

Lo cierto es que al comprobarse que Lucas Lamas era Salaberry la fiscalía de Morón dictó una orden de captura el 30 de octubre de 2019, pero no se logró ubicarlo sino hasta el pasado 11 de julio en el vacunatorio del museo Mar. Salaberry fue detenido y puesto a disposición de la fiscal Monti. Desde el lunes se halla en la cárcel de Batán, con su problema de salud agravado.

La prescripción

Los delitos, a excepción de algunas categorías (como los de lesa humanidad, entre otros) tienen un tiempo legal hasta su prescripción. Por el que se acusaba a Salaberry –el homicidio de Agusti-  el plazo para que cese la acción penal estaba fijado en mayo de 2019. Sin embargo existen algunos incidentes jurídicos que interrumpen el plazo hasta volver a retomarlo, por ejemplo, si hay un imputado y ese imputado comete en dicho período un nuevo delito.  Así lo señala el artículo 67 del Código Penal.

La Justicia de Mar del Plata al firmar el sobreseimiento de Salaberry en 2019 desconocía que, bajo la identidad de Lucas Lamas, había sido denunciado ya en dos ocasiones (en 2010 por amenazas calificadas y en 2018 por amenazas calificadas y homicidio en grado de tentativa) y esos procesos estaban abiertos.

El policía Cristian Agusti fue asesinado de tres tiros el 27 de octubre de 2003.

Ahora la abogada Adelina Martorella –en representación legal de los padres de Agusti- interpuso un escrito ante la jueza Frende para que “se declare la nulidad de la referida resolución por haber sido dictada bajo error judicial motivado en el accionar delictivo y fraudulento del imputado, ya que incurrió en causal de interrupción en tres oportunidad, consecuentemente revoque su sobreseimiento y se orden llevar adelante la investigación”.

El pedido también dice en otros de sus párrafos que “no resiste un análisis lógico que la Justicia deba premiar con la impunidad a un sujeto que burló la Ley con el único fin de ver cumplido el plazo legal para que prescriba su delito y que, una vez conocido su accionar, no se revea lo resuelto, se declare la nulidad y se continúe con la investigación para arribar a un debate oral y a su consecuente sentencia”.

La abogada Martorella , que adelantó que la acción cuenta con el apoyo de la ONG Usina de Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía Bonaerense, explicó que “Salaberry está con circunstancias de salud que nos impulsan a actuar presurosamente. Esto conlleva un pedido de Justicia y una necesidad de que sea la propia Justicia la que provea la solución a un reclamo para que no haya impunidad, con los hechos a la vista”.

Toda la prueba acumulada sostiene que Salaberry resultó ser uno de los autores del asesinato de Agusti. Los otros tres integrantes de la banda fueron condenados: Fernando Palomino y Claudio López a perpetua -Palomino también tenía pena por el homicidio de la docente Marcela Campana-, mientras que Marcelo De Los Santos recibió 14 años de prisión. Este intento judicial, de prosperar, colocará a Salaberry ante la posibilidad de afrontar un juicio, en el que se le den todas las garantías y su derecho a defensa.