El segundo juicio que se realiza por la muerte de Lucía, en esta oportunidad en el Tribunal Oral Nº 2, fue el escenario para un insólito y fuerte cruce entre el fiscal que lleva adelante el debate, Leandro Arévalo, y el fiscal general, Fabián Fernández Garello.

En la primera jornada de alegatos, Arévalo había solicitado prisión perpetua para Matías Farías (29), al considerarlo autor de delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”, mientras que entendió que Juan Pablo Offidani (47) actuó como “partícipe secundario”.

Pero, el alegato del fiscal Arévalo no fue solamente argumentar los motivos del pedido de pena para los acusados. También pidió disculpas públicas “en nombre del Ministerio Público Fiscal” por las falencias de la fiscal María Isabel Sánchez, quien fue la encargada de la investigación.

Estas “falencias” cometidos por la fiscal Sánchez “derivaron en un perjuicio para las pretensiones de la familia de la víctima”. Si bien el fiscal no lo mencionó, cabe recordar que en una conferencia de prensa, la fiscal dijo que Lucía había sido víctima de abusos sexuales “inhumanos” y que había sido empalada. Lo que las pericias demostraron que no había sido así.

Además, Arévalo remarcó que Sánchez no estuvo en las primeras actuaciones, lo que “derivó en una pérdida de elementos de prueba” y que tras el traslado del cuerpo de Lucía “dejaron ir a Farías sin ningún tipo de recaudo tendiente a evitar la pérdida de pruebas”.

Arévalo, además, apuntó contra el fiscal general Fabián Fernández Garello, al reprocharle que no solicitara sanciones para Sánchez. “La Procuración y la Fiscalía General tampoco dijeron nada. Ni siquiera le hicieron alguna observación a Sánchez”, reprochó.

Estos comentarios de Arévalo en los alegatos frente a los jueces del Tribunal Oral N° 2 no fueron dejados pasar por el fiscal general Fabián Fernández Garello, quien salió al cruce y en un comunicado decidió informarle a la Procuración
General para que evalúe “una posible transgresión por parte del fiscal Leandro Arévalo de las normas que rigen el decoro y comportamiento de los miembros de este organismo requirente en el ejercicio de sus funciones”.

Además, Fernández Garello remarcó que a la fiscal Sánchez -quien se desempeña en la Fiscalía de Flagrancia- se le abrió un expediente en el Departamento de Control Disciplinario de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General para analizar su desempeño. Actuaciones que aún se encuentran activas.

También se le abrió una investigación penal, que “por razones de decoro y objetividad” fue asignada por la  Procuración General al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Necochea.

Finalmente, el fiscal general Fernández Garello destacó que en esta causa “ha tenido una activa participación” al realizar el recurso de casación, lo que permitió la apertura de este nuevo juicio.

Finalmente, el fiscal general “lamentó” que alguno de los dichos del fiscal Leandro Arévalo “puedan ser erróneamente utilizados por la defensa de los imputados en lo sucesivo y sin perjuicio de la sentencia a dictar por parte del Tribunal N° 2”.

Si bien el fiscal general Fernández Garello explicó que se veía en la “obligación” de comunicar la situación al Tribunal N° 2, para que los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone tuviesen el conocimiento de las investigaciones y causas que tiene en su contra la fiscal Sánchez, fuentes del departamento judicial de Necochea consultadas por LA CAPITAL confirmaron que la causa que existe contra Sánchez fue archivada y cerrada en 2021.

Sin embargo ayer, y ante semejante repercusión, por orden de la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, se decidió revocar la desestimación de denuncia del fiscal Guillermo Sabatini resuelta el 26 de abril de 2021. Esto obedece a que no habiendo estado notificada con anterioridad de la resolución es que revoca la misma ordenando al Fiscal que continúe la investigación. Los sindicados como posibles autores del delito de incumplimiento en los deberos de funcionario público son la fiscal Sánchez, la forense Claudia Carrizo y el eviscerador José Luis Badami.

En la jornada de alegatos de jueves, las abogadas querellantes Florencia Piermarini y Verónica Heredia pidieron prisión perpetua tanto para Farías -al considerarlo autor- como para Offidani, por partícipe necesario.

El próximo martes 28 de febrero alegarán María Laura Solari, la defensora oficial del principal acusado, y  César Sivo y Romina Merino, los abogados de su presunto cómplice.