El Gobierno lanzó hoy en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla aportes al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de la Embajada argentina en París, a cargo del embajador Ian Sielecki, durante un evento destinado a atraer inversiones en el marco de la Argentina Week París.

Según el comunicado oficial, la iniciativa forma parte del proceso de apertura e integración internacional impulsado por el Gobierno y estará acompañada por estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

El programa establece dos mecanismos para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para el esquema.

También podrán aplicar el cónyuge y los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro, mientras que para los menores de 18 años el monto será de US$25.000.

De acuerdo con esos valores, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina mediante aportes por un total de US$500.000.

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos serán destinados, según el comunicado, a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.

La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

Una vez realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.