La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) rechazó el traspaso del personal extraprogramático y no docente de los colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), en reemplazo del régimen nacional administrado por Anses, al que vienen aportando hasta el momento.

La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires que dispuso que los docentes extraprogramáticos (quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria) y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS.

Así, desde Aiepa advirtieron que la medida fue adoptada “sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas”.

De esa manera, explicaron que el problema “no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones”.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, especificó que las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por Anses.

Cambios

Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar a “entre 50 mil y 55 mil trabajadores correspondientes a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas” y la modificación implicaría que “esos trabajadores y sus empleadores dejen de aportar al sistema nacional y pasen al régimen provincial”.

En ese sentido, Aiepa advirtió que la medida tendría “un impacto económico directo” debido a que “podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial”.

Además, consideraron que también podría “afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional”.

Por otra parte, la entidad remarcó que el cambio “podría generar consecuencias previsionales para el propio personal alcanzado. Muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial”.

Así las cosas, Aiepa promovió “una acción judicial” ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando “la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas”.

En ese sentido, Zurita detalló que la postura de Aiepa se fundó, entre otros aspectos, en “la subsistencia del régimen nacional vigente, la jerarquía normativa federal, la falta de coordinación interjurisdiccional y el riesgo de que los colegios queden expuestos a reclamos cruzados de organismos nacionales y provinciales”.

Asimismo, consideró que “la aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”.