BALCARCE (Corresponsal).- “Buscamos reordenar el contralor del sistema vial para mejorarlo y colocar un sistema de fiscalización de velocidades pensando que estamos en pandemia y seguramente próximamente se va a liberar la circulación en las rutas y tenemos que estar preparados”, expresó el secretario de Gobierno municipal, Ricardo Stoppani.

Con esos argumentos justificó el acuerdo firmado con la empresa Fluxa para la colocación de radares y la apliación de fotomultas en distintos sectores del distrito, tanto en las rutas como en el ejido urbano.

Desde el municipio se sostuvo que se trata de “una compañía reconocida por la fiscalización de rutas peligrosas. Este año su sistema de control contribuyó en la reducción comprobada de más de un 40% de las violaciones de velocidad en las rutas 11 y 56, dos de las más concurridas y peligrosas del territorio bonaerense”.

En tanto, Stoppani negó que la aplicación de las fotomultas tenga que ver con fines recaudatorios sino que “queremos reordenar la circulación de las rutas 226 y 55 cuando pasan por Balcarce porque se hacen producido muchos accidentes viales y en esta temporada de verano no queremos tener inconvenientes”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que quieren tener un mayor control del tránsito urbano con una fiscalización de las velocidades máximas y el cumplimiento estricto del uso de los semáforos.

Sin apoyo

En la previa al llamado a licitación, que finalmente ganó Fluxa, la iniciativa del gobierno había encontrado la negativa de la oposición, que observó como “llamativo” que “cuando Reino (intendente) y Ridao (secretario de Hacienda) ocupaban bancas en el Legislativo se hayan mostrado en contra de las fotomultas y los radares”.

“En aquel momento consideraban nula la utilización de estos elementos, pero hoy lo ven viable, algo que parece ser netamente recaudatorio. Detectamos muchas contradicciones. Ello sumado al poco tratamiento que se le dio en comisión a la celeridad del oficialismo por aprobarlo”, sostuvo la concejal Sol Di Gerónimo (Frente de Todos).

Sin embargo, Stoppani se diferenció de la gestión de gobierno anterior que había hecho un convenio con una universidad y una cámara que controla a las agencias porque entendió que “hicieron una contratación directa y no un llamado a licitación”.

Eugenio Gardella (FdT) remarcó que “en la previa no nos manifestamos rotundamente en contra, sino que estábamos esperando la explicación de alguna autoridad municipal. En ese tiempo no recibimos ningún argumento sólido por parte del Gobierno y por eso es que no acompañamos la aprobación”.