El Ministerio de Economía de la Nación confirmó que a partir de este miércoles entró en vigencia la nueva concesión de la Ruta 226, que comienza en Mar del Plata y une al distrito con Balcarce, por un periodo de 20 años.

En esta nueva etapa de privatización, la gestión y operatoria de esta red vial nacional estará a cargo de cuatro empresas: Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. El consorcio resultó ganador de la licitación con una tarifa de $997 sin IVA.

La concesión tendrá a cargo la Ruta 226 desde su kilómetro 0 en Mar del Plata, en el cruce con la ruta 2, y hasta el kilómetro 404,32, que conecta con la ruta 65 en Bolívar. Pasa por Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría. 

La adjudicación también incluye las Rutas 3 y 205, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.  

“Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. Firmamos los contratos de la Etapa II-A y, a partir de mañana, las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas que hasta hoy eran operadas por la empresa estatal Corredores Viales”, explicó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes oficiales.

Y añadió: “Se trata de los Tramos Pampa (RN 5) y Sur – Atlántico – Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226, Au. Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery), corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa. Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”. 

Vale recordar que la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A, cuyo accionista principal es el Gobierno Provincial, presentó una impugnación de la licitación pública luego de haber sido excluida del proceso.

La firma pretendía quedarse con el manejo de la Ruta 226, así como con la Ruta 3, la 205, la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Durante el proceso, la gestión bonaerense denunció irregularidades y un presunto “negociado”, y quedó fuera de competencia.

Esto derivó en un reclamo administrativo por parte de Aubasa para suspender la licitación, que fue rechazado por Nación. De esta manera, solo quedó la posibilidad de acudir a la vía judicial, algo que hasta el momento no se concretó.

La nueva operatoria de las redes viales mencionadas se inscriben dentro del proyecto de Red Federal de Concesiones impulsado por el Gobierno. Con esta iniciativa se busca que empresas privadas se encarguen del mantenimiento de las rutas con el objetivo de reducir el déficit del Estado en infraestructura y equilibrar las cuentas públicas.