Tanto en la región como en muchas de las grandes economías del mundo la política de compre nacional utilizada para las contrataciones y compras del Estado es una práctica que se ha implementado o potenciado para salir adelante en tiempos de crisis pero que también se ha mantenido como un principio para garantizar los desarrollos económicos locales.

El ejemplo más cercano en el tiempo es el de Estados Unidos: el mismo día que asumió la Presidencia en enero pasado, Joe Biden anunció que su Gobierno iba a priorizar la compra de productos estadounidenses, una idea de la que ya hablaba su predecesor, Donald Trump.

El decreto firmado por Biden tuvo por objetivo declarado impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales mediante, además, el aumento de las inversiones en las industrias manufactureras.

Según la legislación que reglamenta las compras públicas de Estados Unidos, que data de 1933, las políticas de contratación, además de sus objetivos primarios de buscar eficiencia y calidad, persiguen objetivos adicionales de carácter estratégico en términos del modelo de desarrollo de un país o de una región.

En Estados Unidos, esta tendencia a utilizar la política de compras públicas para perseguir objetivos estratégicos se acentuó luego de la crisis financiera y económica de 2008-2009.

La ley de compre brasilero es similar a la ley de compre estadounidense de Estados Unidos, sólo que el alcance de la normativa brasileña es más amplio, al regular todos los niveles del Estado. En Estados Unidos, en cambio, es sólo a nivel federal con la salvedad de que los estados pueden tomarlo como guía para incorporar sus objetivos estratégicos.

Incluso, la prioridad a la industria nacional en Brasil está contemplada en la Constitución Nacional.

En el capitulo V sobre el sistema tributario, la Carta Magna establece que se darán incentivos fiscales para la industrialización a los productores locales en su lugar de origen, mientras que en su apartado sobre el orden económico y social sostiene que se podrá intervenir determinadas industrias o actividades cuando “sea indispensable” para organizar un sector que no pueda desarrollarse eficientemente bajo el régimen de competencia y libertad individual.

La expresidenta Dilma Rousseff echó mano de este compre nacional en 2013 para hacer frente a la crisis financiera mundial cuyo impacto se sintió en el país años más tarde.

“El Gobierno hace muchas compras porque necesita ofrecer buenos servicios a la población y además porque es importante que utilice su poder de compra para estimular a la industria, generar empleo y aumentar la renta de los trabajadores”, explicó Rousseff tras destinar 4.000 millones de dólares a un programa de compras estatales de productos industriales de origen nacional.

México es otro ejemplo.

La potencia latinoamericana tiene un tratado de libre comercio con EEUU y Canadá desde 1994, pero el fomento al desarrollo de proveedores locales está contenido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Allí se establece que en las licitaciones internacionales abiertas, las ofertas de participantes nacionales tendrán un margen de preferencia de hasta un 15% respecto de los bienes de importación.

De manera similar, los estados federados dan un margen de preferencia a los participantes con domicilio fiscal en sus estados. Además, existen algunas legislaciones a nivel estadual que contemplan la posibilidad de llevar a cabo licitaciones públicas en las que únicamente pueden presentarse proveedores locales.

El caso de China es diferente a todos: en primer lugar porque el costo de los productos nacionales es hasta diez veces más bajo que el de los extranjeros, pero además, a los chinos no les terminan de convencer los productos extranjeros.

“Hay algo muy fuerte en las costumbres y clases. Lo extranjero no termina de interpretar ´el gusto chino'”, explicó a Télam la politóloga Lucía Fernández, que vivió en Beijing durante cuatro años.

Según Fernández, quienes sí consumen productos extranjeros en China son “las nuevas clases medias”, entre quienes está de moda comprar online o en sus locales instalados en el país.

En ese sentido, Fernández evaluó que “lo extranjero no es tan extranjero” dado que las empresas, desde que visibilizaron el mercado que se les abría en el gigante asiático, directamente instalaron sus negocios y fabrican todo allí mismo, aún con las trabas impositivas que impone Beijing para incentivar la producción local.

Corea del Sur, que centraliza la compra de bienes y servicios del Estado en un sistema integrado, también limita la competencia a empresas locales debajo de ciertos umbrales o techos, al igual que Israel, cuya normativa señala que se priorizarán los productos nacionales frente a los extranjeros siempre y cuando la diferencia en los precios no supere el 15%.

En los países europeos la cuestión está enredada con la normativa de la Unión Europea (UE), cuya directiva sobre las compras públicas prioriza la innovación por encima de todo y aclara que cuando superen determinado valor, deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de contratación nacionales.

Con un mercado común de dimensiones continentales, países como Francia compran donde más les conviene pero a los consumidores les recomiendan “comprar nacional” y marcan con un “fabrique en France” todos los productos locales, que son los más vendidos sin importar su precio.