La UFI N° 10 de Delitos Económicos citó a cuatro concejales de la oposición a prestar declaración testimonial en el marco de la denuncia penal impulsada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani por presuntas irregularidades en la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes. 

La Fiscalía llamó a declarar a los ediles Diego García y Valeria Crespo, de Unión por la Patria, y a Horacio Taccone y Gustavo Pulti, de Acción Marplatense. Estos legisladores fueron algunos de los que votaron en contra de la adjudicación de los mencionados espacios a Minella Stadium S.A, firma integrada por el grupo inversor brasileño Revee y Pro Enter, de origen argentino.

En su presentación, Pettigiani solicitó que se investigue la posible comisión de “los delitos de administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en concurso con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La empresa ganadora se comprometió a invertir 40 millones de dólares en los 30 años de concesión, además de la realización de entre 30 y 35 eventos anuales en el Minella y entre 50 y 60 en el Polideportivo. A esto se sumarían los partidos de los equipos profesionales de fútbol y básquet de la ciudad.

“El incumplimiento de los compromisos asumidos es uno de los puntos centrales de la investigación que se solicita, ya que no se habrían realizado las obras comprometidas en dicho anuncio, ni tampoco se conocen los detalles del proyecto a realizar por el concesionario o el contrato firmado entre la empresa y el municipio”, expuso Pettigiani.

El otro aspecto a investigar es que Revee tiene como grupo controlante a REAG, firma mencionada en Brasil en torno al “Caso Banco Máster”, que el fiscal describió como uno de los mayores escándalos financieros de ese país.

En enero de este año -continuó Pettigiani-, el Banco Central de Brasil “habría dispuesto la liquidación del REAG, por lo que el señor Joao Carlos Mansur, titular del grupo, habría renunciado como presidente del Consejo de Administración de Revee, intentando separar a dicha empresa de la investigación”.

Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, “el compromiso de esa empresa con la investigación del Banco Máster puso la lupa sobre la firma que resultó adjudicataria de la administración y disposición de los más importantes bienes con que cuenta en su patrimonio la ciudadanía de General Pueyrredon”.

Aquí emerge el otro eje de la presentación solicitada por Pettigiani: “¿La municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente? ¿Los fondos que se comprometieron tienen un origen lícito?”, expresó.

Para el fiscal este punto es clave porque la investigación podría determinar si existieron irregularidades en el origen de los fondos comprometidos para financiar el proyecto.

A partir de estas consideraciones, planteó que debe determinarse si el municipio realizó las verificaciones necesarias antes de entregar la concesión de los inmuebles y si los funcionarios actuaron conforme a sus deberes.
Por eso reclamó la apertura formal de la investigación, “en razón de estar en peligro el patrimonio de los contribuyentes de General Pueyrredon”.

Tal como informó LA CAPITAL, Pettigiani solicitó como medidas de prueba incorporar diversas publicaciones periodísticas como prueba documental; solicitar información a la Justicia brasileña sobre la relación entre Revee y REAG y las investigaciones en curso; requerir al municipio toda la documentación vinculada a la licitación y concesión; y tomar declaración testimonial a concejales que votaron en contra de la adjudicación. 

Malestar

Según supo este medio, hay malestar en la oposición por las dilaciones de la Secretaría del Concejo Deliberante, que fue la que recibió la comunicación de la UFI N°10, en notificar a los legisladores convocados para prestar declaración. El oficio fue realizado el 9 de junio pasado, hace dos semanas.

Las audiencias están pautadas para las 9, 10, 11 y 12 de este miércoles.