La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos con prisión preventiva de las doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de droga en la denominada “Villa Mateotti”, situada al sur de la ciudad.

En la causa intervino el fiscal general ante esa instancia, Daniel Adler, quien solicitó la confirmación de las actuaciones.

La organización, de acuerdo a la investigación, se dedicaba al abastecimiento de estupefacientes a grupos familiares, allegados y sujetos vinculados o no entre sí, y actuó al menos desde agosto de 2014 hasta el día de los 25 allanamientos simultáneos realizados el 23 de agosto de 2018, que permitieron desbaratar la banda.

Su actividad se daba principalmente en lo que se conoce como “Villa Mateotti” o “Villa 35”, ubicada en la manzana comprendida por las calles Mario Bravo, Mateotti, Benito Lynch y Talcahuano, a escasos metros de una escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín de infantes provincial. La banda habría contado con la protección de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -lo que implica un agravante en la imputación-, quienes manejaban investigaciones a discreción o bien pasaban información sobre futuros o posibles allanamientos a quienes se dedicaban a la venta de drogas.

De acuerdo al análisis de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se cuenta con un importante caudal probatorio para mantener las acusaciones; los camaristas repararon en que en los allanamientos se secuestraron, además de cultivos, marihuana y cocaína, armas y municiones en poder de algunos de los acusados.

Competencia federal

Uno de los debates que se dio ante los agravios de las defensas tenía que ver con la habilitación del fuero federal. Ante ello, la Cámara tomó el criterio planteado por el Ministerio Público Fiscal, que tuvo en cuenta “las características y complejidad de la organización criminal desbaratada, en la que pueden vislumbrarse diversos niveles y roles dentro de su estructura; la cantidad de personas investigadas y detenidas; la cantidad apreciable de sustancias estupefacientes secuestradas, gran parte de lo cual no se encontraba fraccionada para su venta al consumidor; la cantidad de armas y municiones que fueron secuestradas durante los allanamientos; la participación y cobertura que fue brindada a la organización por parte de funcionarios de la policía bonaerense que eran los encargados de perseguir este tipo de infracciones a la norma; y que el comercio de estas sustancias se realizaban en inmediaciones de establecimientos educativos”.

Además de citar los artículos de las leyes vigentes y jurisprudencia al respecto, los magistrados de la Cámara tomaron una explicación del juez que resolvió los procesamientos en primera instancia, para mantener la competencia del fuero federal: “Si bien es cierto que la presente (causa) se originó por presuntas ventas al menudeo de material estupefaciente, ello significó el puntapié inicial para abrir un abanico de vendedores en la misma zona, quienes mantienen comunicaciones entre sí, comparten los mismos proveedores, trafican la misma calidad de información en cuanto a las advertencias del personal de la policía bonaerense respecto a procedimientos en el barrio para deshacerse de las sustancias ilícitas que comercializaban”.

El megaoperativo

El operativo que sirvió para desbaratar esta banda se registró en agosto de 2018. Hubo, como se explicó antes, un total de 25 allanamientos de manera simultánea coordinados desde un helicóptero en donde se monitoreaban los movimientos.

En seis viviendas miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal encontraron cerca de 5 kilos de droga que confirma la hipótesis investigativa.

La investigación había sido iniciada en el año 2014 y se tramita en el juzgado federal a cargo de Santiago Inchausti, con la labor fiscal de Nicolás Czizik.

En esa ocasión, se observó un despliegue impactante de recursos policiales, incluidos vehículos de distinto porte y hasta un helicóptero.

De acuerdo a averiguaciones realizadas por este medio en una de las viviendas allanadas, sita en la zona de Cardiel y Unamuno, los policías debieron accionar sus armas para dar muerte a un perro pitbull.