El cónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, cuestionó hoy la “ligereza” de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la supuesta injerencia de ciudadanos “peruanos, paraguayos y bolivianos” en el aumento del narcotráfico.
“Estamos indignados con estas apreciaciones, y no es la primera vez, altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma”, planteó Tapia Sainz y recordó que “ya lo hizo” el jefe del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto, y el gobierno argentino “lo respaldó indirectamente”.
El cónsul de Bolivia sostuvo que las aseveraciones de Bullrich “indignan” porque provienen de una “funcionaria de alto nivel”, y “estas ofensas reiteradas hacen que, además, la subjetividad nos alarme”.
En declaraciones a radio Diez, Tapia Sainz rechazó el enfoque de Bullrich respecto de que el “33 por ciento” de los presos por narcotráfico, entre otros delitos federales, procede de Perú, Paraguay y Bolivia, al advertir: “Existiría, pues, un 77 por ciento de la población que está delinquiendo, y no mencionamos la nacionalidad correspondiente”.
“Su función debería ser velar por el bien común y ver estos altos porcentajes que no mencionan”, completó.
El diplomático boliviano recordó además que en abril del año último Bullrich mantuvo una “reunión preparatoria” con autoridades del vecino país para avanzar en un encuentro “bilateral” con el ministro de Gobierno, a fin de coordinar la “lucha frontal contra estos fenómenos como el narcotráfico”.
Asimismo, cuestionó que esta “generalización daña la integridad de nuestras naciones. Si hubiera algún problema con barras bravas y mafiosos, no sería bueno que a toda una hinchada pueda señalar”, ejemplificó.
“Hemos mandado a nuestra Cancillería una nota, y la vamos a tratar a través de nuestra Cancillería”, anticipó.
Bullrich apuntó ayer a ciudadanos “peruanos, paraguayos y bolivianos” por el aumento del narcotráfico y ratificó que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de los controles relacionados con el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y los eventuales mecanismos de expulsión.