En un contexto dominado por las críticas a la funcionaria encargada del vínculo con los vecinalistas, el municipio emitió este viernes una orden de clausura a la sociedad de fomento del barrio Constitución, presidida por Heraldo García, el titular de una federación que lanzó duros cuestionamientos a Stella Maris Marinier.

El mandamiento de clausura preventiva fue firmado por el juez de faltas Pedro López Martucci, quien tras la presentación de García en el Juzgado dejó sin efecto la medida, que nunca llegó a efectivizarse.

Pese a que la orden no se llevó a la práctica, lo que hubiera significado que la entidad dejara de prestar una serie de servicios a la comunidad, García se mostró preocupado y dio a entender que el episodio se suma a diversas insinuaciones oficiales para aprobar trámites postergados de sociedades de fomento a cambio de que se baje el tono de la crítica.

“Me parece suspicaz que esto aparezca justo en este momento”, dijo a LA CAPITAL el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento. “No puedo vincularlo directamente (con las críticas a Marinier), pero esto se suma a otras cuestiones que estamos teniendo: llamadas de Asuntos de la Comunidad diciéndonos que tienen actas de inspección que no las van a presentar si tenemos determinada actitud, u otros ofrecimientos a otras sociedades de fomento de completar algún trámite que están pidiendo hace más de un año y no se los hacen”, deslizó.

García explicó que la clausura obedeció a un trámite de regularización de obra que no llegó a completar la sociedad de fomento. “Estamos tramitando una regularización de obra por una moratoria que hubo en la municipalidad. Nos inscribimos, pagamos los derechos y no pudimos llegar a presentar los planos por una cuestión de costos. Sale muchísima plata pagar los profesionales”, indicó.

“La verdad es que todavía no pudimos presentar la documentación. Pedimos dos prórrogas. Incluso el juez me explicó dos o tres veces el tema casi pidiéndome disculpas”, agregó.

El fomentista dejó en claro que en ningún momento se desentendió del expediente. “Nos presentamos dos veces en el Juzgado y estamos hablando con la gente de Obras Privadas para que nos asesore”, contó.

Entre sus argumentos, el juez mencionaba que el imputado no había comparecido en una audiencia pese a estar debidamente notificado. García admitió que no concurrió (dijo que no puedo hacerlo), pero aseguró que después asistió al Juzgado y habló con una empleada. “Me dijo que volviera la semana que viene, sin precisar la fecha”, aclaró.

García se mostró sorprendido ante la medida porque “tienen el teléfono, la dirección” y toda la información relacionada con la sociedad de fomento. “Mandar una clausura nos parece absolutamente sobredimensionado”, aseveró.

“Nos despierta una gran preocupación porque sabemos que las sociedades de fomento van a arreglando sus sedes, haciendo obras y tratando de mejorarlas, y no siempre está en condiciones toda la papelería”, apuntó.

Luego de recibir la notificación de clausura, García se dirigió al Juzgado y logró que la levantaran. “Nos dieron un plazo” para presentar la documentación, subrayó.

El vecinalista dio a entender que una asociación de fomento no puede ser tratada con el mismo rigor que, por ejemplo, un comercio. “La nuestra es una institución que está sirviendo a la comunidad, de contención, de espacios para actividades municipales. Tenemos dos niveles del plan Fines, dos actividades del Emder, tres cursos de la escuela municipal de formación profesional, tres cursos del PEBA”, enumeró. “Si esto hubiera avanzado, se hubiera cerrado una posibilidad para un montón de gente”, advirtió.

A su entender, “si esta actitud se multiplica en otras entidades” va a haber “consecuencias graves para comunidad”.

La federación que conduce García había emitido un documento en el que marcaba su “enorme preocupación” por “el estado general de los barrios” y la “inacción y falta de servicios de las dependencias municipales”.

Tras esa presentación, la subsecretaria de Asuntos de la Comunidad deslizó que el fomentismo “no debe vivir de lo que el estado le paga”, lo que granjeó duras críticas opositoras y la obligó a dar explicaciones en el Concejo Deliberante.