Gremios docentes convocaron a un paro este martes en repudio de la violencia y para exigir la apertura de paritarias, medida de fuerza que tendrá impacto en las escuelas públicas de jurisdicción municipal y provincial de Mar del Plata.

“En un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector”, señalaron los gremios bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA a través de un comunicado.

En particular, se refirieron a los “reiterados hechos de violencia que suceden en las escuelas, un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial y urgente”.

Por este motivo, exigieron “la plena implementación”, del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario; la aplicación de la legislación vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones; la realización de jornadas institucionales; y la adopción por parte del Estado provincial de “medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

En el plano salarial, demandaron una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo. Se trata de una exigencia dirigida tanto al Gobierno nacional para que restituya el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), como a la gestión provincial, a la que le requirieron la “convocatoria urgente” a paritarias.

“Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, resaltaron.

A su vez, denunciaron la “sobrecarga de tareas” que padecen los trabajadores del sector, y pidieron realizar modificaciones en el Régimen Académico. Esto último se debe a que “el incremento de la jornada laboral no puede seguir siendo naturalizado y es responsabilidad de las autoridades dar respuestas concretas que alivien esta situación”.

También solicitaron recursos para sostener el funcionamiento de la Escuela Técnico Profesional y rechazaron el desfinanciamiento “que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad”.

Por último, los sindicatos expresaron su preocupación por los cambios que pretende aplicar el Gobierno nacional en el régimen previsional. Esto impactaría “de manera negativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación”.

Y sumaron al IOMA entre los reclamos. “Demandamos que garantice prestaciones adecuadas y oportunas para los docentes bonaerenses. Es deber del Estado asegurar un sistema de cobertura que responda a las necesidades reales del sector”, manifestaron.

Por su parte, el STM, que nuclea a los docentes de escuelas municipales, confirmó que se sumará a la medida de fuerza.

“Decimos basta a la violencia en las escuelas, rechazamos el desfinanciamiento de la educación pública y nos oponemos a cualquier reforma previsional que vulnere los derechos conquistados”, planteó el sindicato.

Y añadió: “La defensa de la educación pública y de quienes la sostienen todos los días requiere respuestas concretas, políticas de cuidado y el compromiso de toda la sociedad”.

Sector privado

Fuentes gremiales informaron que los docentes que se desempeñan en escuelas privadas, pertenecientes a Sadop, no adhieren al paro de este martes.

Este sindicato se mostró “en alerta” por la repetición de hechos de violencia en las escuelas. Según Sadop, se trata de un “problema social” que configura un “riesgo laboral”.

En este contexto, hay responsabilidades “ineludibles” de los propietarios de los colegios y del Estado como “garante de derechos”. Por eso el gremio llamó “visibilizar, concientizar y comprometer a la comunidad” en la erradicación de la violencia.

“La escuela no puede exigir que el trabajador soporte agresiones físicas como parte normal de sus funciones”, concluyó Sadop.